24/06/2018 Santo Domingo, República Dominicana.- Ante una denuncia
recibida el pasado mes de abril de parte de cuatro mujeres venezolanas de cinco
que habían escapado del centro de diversión Pink Pony Bar, por presuntamente
ser víctimas de los delitos de trata de personas y explotación sexual, el
Ministerio Público inició una investigación de inteligencia que terminó la
madrugada de ayer sábado con el desmantelamiento de una red dedicada
a esas actividades ilícitas, el rescate de seis ciudadanas de esa nación
suramericana, el cierre del negocio y el arresto del propietario y una mánager.
El Ministerio Público informó que durante la operación fue arrestado en
su residencia del sector Bella Vista del Distrito Nacional, el propietario del
establecimiento de diversión del sector Los Prados de la capital y quien se
presume dirige la red, el dominico americano Jarvis Guerra Rodríguez, de 39
años, mientras que la mánayer de nacionalidad dominicana Ángela Isaura
Campusano Santos, alias La Morena, La Negra o Deisy, de 33 años, fue apresada
en dicho negocio.
La institución informó que los dos arrestados serán sometidos a la
justicia en las próximas horas y que solicitará a la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que le sea impuesta la
prisión preventiva, como medida de coerción.
Indicó que los integrantes de dicha organización criminal presuntamente se
dedicaban a la captación, traslado, acogida y explotación sexual de mujeres de
nacionalidad venezolana.
Respecto a la presunta red, señaló que por su vinculación a la misma
también es perseguido el dominicano Leudy Rafael Martínez Valdez, de 28 años de
edad, quien según se ha establecido durante la investigación se encargaba de
supervisar a las víctimas, desempeñaba labores de seguridad y en ocasiones en
compañía del propietario del negocio recogía a las mujeres venezolanas cuando
llegaban al aeropuerto.
Tras ofrecer los detalles del caso mediante un comunicado de prensa, la
institución señaló que los allanamientos fueron realizados mediante las órdenes
judiciales No. 0064-JUNIO-2018, No. 0062-JUNIO-2018 y No. 0059-JUNIO-2018, del
pasado 22 de junio, que fueron emitidas por los citados delitos en
los que se estaría incurriendo en dicho bar.
El órgano
a cargo de la investigación explicó que en la residencia de Guerra Rodríguez
fueron ocupados varios pasaportes de las venezolanas, los contratos de trabajo,
las cartas de invitación que les hacían hacia la República Dominicana, sellos
gomígrafos, tarjetas de presentación del negocio con imágenes de mujeres
semidesnudas, laptops, celulares, computadoras de escritorio, varios cuadernos
de registro del cobro de las salidas de las mujeres con los clientes y un carro
marca Toyota Corolla del año 2000.
Igualmente, indicó que en el bar fueron ocupadas varias porciones de una
sustancia que se presume es droga, incluyendo 45 gramos que se cree
corresponden a cocaína y 16 gramos presumiblemente de marihuana, los cuales
fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para
el análisis de rigor. También, dijo que confiscaron documentos donde
se registraban las actividades del negocio, carteles de reglas para las chicas,
entre otros objetos y documentos.
Precisó en ese mismo orden, que además del allanamiento realizado en el
bar y en la residencia del propietario del negocio, también fue allanada la
vivienda de la madre de éste en el mismo sector Bella Vista, donde el arrestado
guardaba documentos relacionados al negocio Pink Pony Bar, siendo confiscados en
dicha residencia títulos de propiedad del negocio y pasaportes de las víctimas.
En los allanamientos practicados por la Procuraduría Especializada
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, también
participaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales
(DICRIM), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Preventiva.
El Ministerio Público explicó que en el transcurso de las pesquisas que
lleva a cabo dicha Procuraduría Especializada se han obtenido informaciones de
que las mujeres eran obligadas a sostener relaciones sexuales con los clientes
y que luego que las víctimas escaparon del lugar uno de sus victimarios intentó
llevarse a una de ellas a la fuerza de un centro comercial donde se encontraba
la víctima.
De acuerdo a las investigaciones, las mujeres habrían sido engañadas con
falsas promesas para traerlas al país y según informaciones obtenidas por un
pasaje que cuesta US$120 dólares les querían cobrar hasta 2,000 dólares.
En referencia a este caso, el Ministerio Público señaló que lo llevará
hasta las últimas consecuencias, destacando que procurarán que contra los
imputados se imponga prisión preventiva.
La información destaca que esta acción se produce en el marco del plan institucional
puesto en marcha por el procurador Jean Rodríguez para garantizar una labor más
efectiva y oportuna contra la trata de personas, tanto en materia de prevención
como de persecución, disponiendo de más personal capacitado en el tema, más
recursos económicos y más herramientas para el combate efectivo de
ese delito del crimen organizado.
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