Del Rosario Puente, dueño de una arenera y de una flotilla de vehículos pesados, realizaba en su doble vida amplios recorridos entre pueblos de la zona oriental de la República y la capital dominicana en el desarrollo de su negocio legal de venta de materiales de construcción mientras, como narco, coordinaba operaciones en las que recibía alijos de cocaína lanzados desde avionetas procedentes de Colombia y Venezuela, que luego distribuía la red de Figueroa Agosto.
Las autoridades de la DNCD le atribuyen ser jefe supremo del narcotráfico en el Este y un engranaje importante de la organización criminal de Figueroa Agosto en esa zona del país.
La DEA acusa al binomio formado por los capos Toño Leña y Junior Cápsula de organizar durante una década (2000-2010) operaciones de narcotráfico en las que introdujeron enormes cantidades de cocaína y heroína a República Dominicana. En esas actividades eran socios de los hoy convictos federales Ángel Manuel Ayala Vázquez (“Ángelo Millones”) y Elvin Torres Estrada (“Muñecón”).
Según las pesquisas de la DNCD y la DEA, Del Rosario Puente, conocido también bajo los alias de “El Maestro”, “El Charley”, “El Bate”, “El Tronco”, “El Muelú” y “El Francés”, utilizaba avionetas para traer cocaína desde Venezuela y Colombia y desde la República Dominicana la enviaba en lanchas rápidas a Puerto Rico.
Las acusaciones contra Del Rosario Puente en República Dominicana incluyen delitos de narcotráfico, violación a la ley de armas y asociación de malhechores para traficar narcóticos, cargos que le fueron imputados en los tribunales de La Romana y San Pedro de Macorís.
También se le señala como responsable de un asesinato en 2008 y de dirigir una trama para asesinar al mayor general Rolando Rosado Mateo, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
El presunto narcotraficante evadió a la justicia, convirtiéndose en uno de los prófugos más buscados por los organismos dominicanos de seguridad y por la Interpol, hasta su arresto en el aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, en mayo de 2010, cuando intentaba viajar a Colombia con una identidad falsa.
Toño Leña, de 42 años, ha insistido en que es inocente de los cargos que se le imputan, que no conoce al boricua Figueroa Agosto y que se dedicaba a trabajar en la extracción y distribución de materiales de construcción.
“Yo nunca he visto al maldito Figueroa Agosto ese. No sé de donde la DNCD se inventa esas cosas”, aseguró el alegado capo, quien en estos momentos permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo, luego de llegar a Puerto Rico el pasado jueves en calidad de extraditado reclamado por las autoridades estadounidenses.
Ahora deberá responder a las acusaciones formuladas en un amplio pliego acusatorio en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, donde se le acusa de narcotráfico y de organizar la transportación de grandes cantidades de drogas desde América del Sur a la República Dominicana, Puerto Rico y la ciudad de Nueva York.
Además de la extradición, la Suprema Corte de Justicia dominicana ordenó la confiscación temporal –hasta concluido el proceso judicial en su contra– de todos los bienes que aparecen como de su propiedad.
Se trata de residencias en zonas turísticas del oriente de República Dominicana, una empresa de materiales de construcción, dos fincas, una villa turística en Juan Dolio, siete vehículos pesados, avionetas y lanchas.
Los bienes valorados hasta el momento suman en conjunto 109 millones de pesos, equivalentes a unos $3 millones, una cantidad insignificante si se tiene en cuenta el expediente criminal en su contra.
Las autoridades de la DNCD le atribuyen ser jefe supremo del narcotráfico en el Este y un engranaje importante de la organización criminal de Figueroa Agosto en esa zona del país.
La DEA acusa al binomio formado por los capos Toño Leña y Junior Cápsula de organizar durante una década (2000-2010) operaciones de narcotráfico en las que introdujeron enormes cantidades de cocaína y heroína a República Dominicana. En esas actividades eran socios de los hoy convictos federales Ángel Manuel Ayala Vázquez (“Ángelo Millones”) y Elvin Torres Estrada (“Muñecón”).
Según las pesquisas de la DNCD y la DEA, Del Rosario Puente, conocido también bajo los alias de “El Maestro”, “El Charley”, “El Bate”, “El Tronco”, “El Muelú” y “El Francés”, utilizaba avionetas para traer cocaína desde Venezuela y Colombia y desde la República Dominicana la enviaba en lanchas rápidas a Puerto Rico.
Las acusaciones contra Del Rosario Puente en República Dominicana incluyen delitos de narcotráfico, violación a la ley de armas y asociación de malhechores para traficar narcóticos, cargos que le fueron imputados en los tribunales de La Romana y San Pedro de Macorís.
También se le señala como responsable de un asesinato en 2008 y de dirigir una trama para asesinar al mayor general Rolando Rosado Mateo, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
El presunto narcotraficante evadió a la justicia, convirtiéndose en uno de los prófugos más buscados por los organismos dominicanos de seguridad y por la Interpol, hasta su arresto en el aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, en mayo de 2010, cuando intentaba viajar a Colombia con una identidad falsa.
Toño Leña, de 42 años, ha insistido en que es inocente de los cargos que se le imputan, que no conoce al boricua Figueroa Agosto y que se dedicaba a trabajar en la extracción y distribución de materiales de construcción.
“Yo nunca he visto al maldito Figueroa Agosto ese. No sé de donde la DNCD se inventa esas cosas”, aseguró el alegado capo, quien en estos momentos permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo, luego de llegar a Puerto Rico el pasado jueves en calidad de extraditado reclamado por las autoridades estadounidenses.
Ahora deberá responder a las acusaciones formuladas en un amplio pliego acusatorio en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, donde se le acusa de narcotráfico y de organizar la transportación de grandes cantidades de drogas desde América del Sur a la República Dominicana, Puerto Rico y la ciudad de Nueva York.
Además de la extradición, la Suprema Corte de Justicia dominicana ordenó la confiscación temporal –hasta concluido el proceso judicial en su contra– de todos los bienes que aparecen como de su propiedad.
Se trata de residencias en zonas turísticas del oriente de República Dominicana, una empresa de materiales de construcción, dos fincas, una villa turística en Juan Dolio, siete vehículos pesados, avionetas y lanchas.
Los bienes valorados hasta el momento suman en conjunto 109 millones de pesos, equivalentes a unos $3 millones, una cantidad insignificante si se tiene en cuenta el expediente criminal en su contra.
