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Archivo. Christina Ceird, 5, sentada en una comunidad
mayormente Haitiana y Dominicana, a las afueras de
Santo Domingo, República Dominicana.
BRANDON QUESTER
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WHITNEY PHILLIPS
CRONKITE BORDERLANDS INITIATIVE
Santo Domingo -- Mientras los políticos en por lo menos 14 estados de la Unión Americana debaten los méritos de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, en la República Dominicana se le niega la ciudadanía a miles de personas.
Durante los últimos siete años, el gobierno dominicano ha modificado la Constitución, dado nueva interpretación a leyes antiguas y aprobado otras nuevas, eliminando de hecho la ciudadanía por nacimiento. Hoy, un niño que nace en República Dominicana ya no es ciudadano dominicano automáticamente; ese reconocimiento sólo lo merecen los que pueden probar que al menos uno de sus padres está legal en el país.
Lo que es más, el cumplimiento vigoroso de las nuevas reglas significa que cientos de miles de personas de origen haitiano tienen cada vez más dificultad en recibir su certificado de nacimiento, imprescindible para casarse, graduarse de secundaria, comenzar un negocio, recibir la licencia de conducción o el pasaporte, o incluso tener servicio telefónico. También es indispensable para solicitar la cédula de identidad, que es esencial para votar y realizar actividades básicas como transacciones bancarias.
Sin la documentación debida, estas personas no tienen estatus legal en el país y muchos que llevan viviendo aquí años tampoco pueden probar que son ciudadanos haitianos.
Son, de hecho, apátridas, personas sin ciudadanía.
Cristóbal Rodríguez, abogado dominicano de derechos humanos y profesor de Derecho, lo describe de otra manera: “Esto es un genocidio civil”, dijo.
Sin futuro
Miledis Juan mira a su hijo de un año, Henry, con secreciones nasales y los ojos inflamados por un catarro. El niño le extiende un brazo y ella lo carga.
Miledis y Henry nacieron en este país, y eso, dice Juan, les da el derecho a ser ciudadanos dominicanos. Pero el gobierno tiene otro punto de vista, y eso hace que Juan se preocupe por el futuro, tanto el de ella como el del niño.
“El prácticamente no existe”, dijo. “Sin documentos uno no es nadie”.
Las autoridades dominicanas dicen que las leyes nunca tuvieron por fin otorgar la ciudadanía por nacimiento a los hijos o descendientes de inmigrantes ilegales. Y afirman que no debe usarse el término “apátridas” para los nacidos en República Dominicana descendientes de haitianos.
José Ángel Aquino, magistrado del Registro Civil, la Junta Central Electoral, dijo que los descendientes de haitianos pueden regresar a su país y obtener la ciudadanía si pueden probar que sus padres son haitianos.
“Debido a esto, en el caso de los haitianos, desde nuestro punto de vista, no se puede decir que sean apátridas”, dijo Aquino. “Estos ciudadanos haitianos siempre tienen la posibilidad de inscribirse en su consulado… o simplemente en Haití”.
Pero para muchos inmigrantes haitianos, como Juan, la situación es más compleja.
Nacida en diciembre de 1985, cuando las leyes y actitudes eran diferentes, Juan recibió un certificado de nacimiento y cédula de identificación. Pero no tiene documentos que prueben que nació en Haití, y para naturalizarse haitiana tendría que someterse a un proceso de solicitud de cinco años, dijo Liliana Gamboa, directora de proyecto de la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta en Santo Domingo.
