Venezuela._ Nubes negras, preñadas de lluvia, se posan sobre la ciudad venezolana de Maracay y de inmediato los más de 2,000 habitantes de las urbanizaciones La Punta y Mata Redonda comienzan a preguntarse si este será el momento en que les tocará morir bajo una marejada de aguas contaminadas. Las urbanizaciones, que yacen al lado del Lago de Valencia, hace ya tiempo que debieron haber sido desalojadas. Las autoridades saben que el muro de contención que protege el sur de la ciudad colapsará inevitablemente bajo la presión del cuerpo de agua que crece a un ritmo de 15 centímetros por mes. Cuando eso suceda, las viviendas de unas 8,000 personas quedarán destruidas. Las primera de ellas en La Punta y Mata Redonda, que al encontrarse a muy poca distancia del muro de tierra y a entre dos y cuatro metros por debajo de la superficie del lago, serían devoradas en pocos minutos por sus turbias y malolientes aguas. Pero muchos de los residentes de las urbanizaciones se rehúsan a abandonar sus hogares. Algunos de ellos simplemente no tienen dónde ir, en un país con un déficit habitacional de más de dos millones de viviendas. Otros temen que dejar sus moradas signifique renunciar a las indemnizaciones que debe pagar el Estado, como fue ordenado por un fallo emitido en el 2006, y ratificado en el 2007 por el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que los residentes, en su mayoría profesionales de clase media ya retirados que adquirieron sus hogares con muchos esfuerzos hace dos o tres décadas, conviven con el riesgo de morir mientras esperan que el gobierno del presidente Hugo Chávez cumpla con sus obligaciones para poder irse. No obstante, es cada vez más evidente que se les está acabando el tiempo. “Cada vez que empieza a llover, comienza la desesperación”, dijo Diego Padrón, quien vive a 200 metros del muro de tierra aplanada. “Con cada lluvia que cae nos preguntamos si este va a ser el momento que el dique se va a reventar. Es un sufrimiento enorme, una presión muy grande que nadie puede aguantar”. Fernando Klein, cuya vivienda en La Punta está apenas a 50 metros de distancia del muro, dice que son pocos los que en las noches pueden dormir. “Todos sabemos que vivimos al lado de una bomba de tiempo y eso te genera insomnio. Con sólo ver una nubecita, o con sólo escuchar algún ruido, te imaginas que el lago se ha pasado y que en cualquier momento te llevará por delante”, comentó Klein, conocido en la zona como El Náufrago, debido a la proximidad de su vivienda al cuerpo de agua de 350 kilómetros cuadrados. La angustia se apoderó de los residentes la semana pasada. En realidad se trató de una ligera lluvia que cayó sobre la zona, pero venía acompañada de fuertes vientos y enormes olas que pasaban por encima del muro. De inmediato, Protección Civil se puso en contacto con los líderes de las comunidades para advertirles que las olas estaban desmoronando la cresta del muro de tierra. Por suerte el muro resistió y cuando se calmaron los vientos esa misma noche, las autoridades comenzaron a verter más tierra sobre el muro, en una peligrosa operación con maquinarias pesadas que podía en sí misma provocar el colapso que buscaban prevenir. El general Antonio Rivero, ex director nacional de Protección Civil, dijo que elevar el muro con tierra en realidad podría propiciar su colapso, debido a que descansa sobre un suelo blando propenso a la licuefacción. Rivero, quien fue encargado por el presidente Hugo Chávez para que evaluara la situación tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, dijo que le advirtió al mandatario venezolano que el avance del lago era inevitable ante la decisión de volcar allí las aguas negras de todas las ciudades aledañas. La solución definitiva residía en la construcción de una serie de obras para tratar las aguas contaminadas del lago a fin de reusarlas, pero éstas nunca fueron construidas pese a que el país había recibido varios créditos de organismos multilaterales para realizar la tarea. Cuando el muro fue construido como medida temporal, sus diseñadores advirtieron que los moradores debían ser trasladados cuando el lago alcanzara los 410.5 metros sobre el nivel del mar. “El lago ya alcanzó los 412 metros y todavía no ha salido la primera familia. Le señalamos que el riesgo iba a aumentar en proporción con el crecimiento del lago y que ninguna de las obras que se estaban planteando presentaba una solución que pudiese impedir que siguiera creciendo”, dijo Rivero. El hundimiento del muro no es el único riesgo que enfrentan los habitantes de la zona. La pared de contención, cuyo centro es de concreto pero los costados laterales y superiores están hechos de arena, podría desmoronarse por arriba por efecto del viento y las lluvias, o podría simplemente caer hacia atrás por la mayor presión hidráulica que ejerce el lago en crecimiento, explicó la ingeniera Jacquelín Rodríguez, quien ha estado asesorando a los habitantes de la zona. También podría ceder con un leve temblor de tierra, provocado por la falla tectónica que pasa por debajo del lago. Un temblor de cinco grados provocaría la muerte casi instantánea de los residentes, advirtió Rodríguez. “En las urbanizaciones, las casas se encuentran ahora a tres metros por debajo del nivel del agua. Un movimiento sísmico de menor intensidad provocaría el colapso total del muro y allí no se va a salvar nadie, van a quedar tapiados”, comentó el diputado de la Asamblea Legislativa del vecino estado de Carabobo, Germán Benedetti. La profesora Maritza González lleva 20 años viviendo en Mata Redonda, a 250 metros del muro, y sabe bien que un colapso del dique provocaría que una marejada de agua de millones de litros por segundo “nos llevaría de un solo golpe. La gente ni cuenta se daría”. Y sin embargo, González insiste vehementemente en que no abandonará su hogar. “Nos rehusamos a irnos y salir para un refugio porque si usted gana una querella, usted pretende que pretende que se ejecute”, dijo la profesora quien representa a la urbanización en las gestiones realizadas ante las autoridades. “La sentencia (del Tribunal Supremo de Justicia) es muy clara. Dice, desalojo, indemnización y demolición y la indemnización es a través de lo que se conoce como previo restablecimiento del valor económico de la vivienda”. Pero el costo de la indemnización parece ser demasiado alto para el gobierno venezolano, no sólo por los $180 millones que representaría pagar por el valor de las viviendas de las dos urbanizaciones, sino que también crearía un precedente jurídico que obligaría al gobierno de Chávez a pagar también por las viviendas de las zonas aledañas. Benedetti dijo que muchos de los residentes de la zona simplemente no tienen los recursos para irse del lugar. “No hay casa donde llevar estas personas y temo además que ya es tarde. Uno no sabe lo que está pasando con el lago por debajo del muro, con el socavamiento permanente. Son unas 8,000 personas (incluyendo los residentes de los barrios aledaños) que se van a ser impactadas cuando colapse, y muchos de ellos enfrentan el riesgo de fallecer porque este gobierno irresponsable no quiere cumplir la sentencia del Tribunal Supremo”, aseguró el legislador.
