(11 de mayo, 2009) La reducción de la pobreza rural ha sido lenta en Guatemala, lo que ha motivado un debate nacional sobre la eficacia de los planes de desarrollo para el campo. Según las últimas estadísticas disponibles, entre 2000 y 2006 la pobreza rural bajó de 81 a 72%. Para avanzar habría que fortalecer la institucionalidad con un enfoque territorial y lograr una mayor participación ciudadana, sostiene Ottoniel Monterroso-Rivas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. En su artículo “
Institucionalidad y políticas públicas para el desarrollo rural en Guatemala” de la
Revista CEPAL Nº 97, postula que las características regionales de los grupos de individuos con iguales intereses dentro de un territorio compartido determinan el desarrollo económico de una región, más que los rasgos propios de las personas. El autor recuerda que en los Acuerdos de Paz firmados en 1996 se acordó crear instituciones con mayor participación ciudadana para concertar políticas públicas. Aunque el marco legal existe, los actores públicos, privados y de la sociedad civil no formulan políticas de común acuerdo. A nivel de gobierno central, los ciudadanos tendrían mayores posibilidades de lograr que sus propuestas se ejecuten si participaran en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, en lugar de hacerlo en “mesas de diálogo” cuyas conclusiones no se concretan en políticas públicas. El nivel departamental de gobierno es el que más requiere fortalecerse y donde el enfoque territorial de desarrollo tiene más repercusión, ya que allí participan representantes indígenas, de la mujer, de empresarios, de universidades, alcaldes y gobernadores. Estos actores deben asumir compromisos y metas claramente establecidas en los planes de desarrollo territorial. Los contratos público-sociales que han impulsado algunos países de América Latina podrían ser el mecanismo adecuado para avanzar. Monterroso-Rivas estima que los gobiernos municipales (nivel descentralizado) todavía necesitan mejorar la capacidad técnica de las oficinas de planificación, y promover la participación ciudadana en la fiscalización y formulación de las políticas públicas. Concluye que las políticas territoriales asegurarían una mayor sostenibilidad de las políticas de desarrollo rural y contribuirían a la modernización del Estado guatemalteco, condición indispensable para lograr más desarrollo y una inserción exitosa.
