9/Enero/2012 SANTO DOMINGO.- El jurista Julio Cury calificó como insuficiente la solicitud que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) les hizo a los jueces que deciden los casos por miedo, capricho, amistad, familiaridad, conveniencias, contubernio o dinero, para que abandonen el Poder Judicial.
A propósito del llamado hecho por el magistrado Mariano Germán Mejía durante la audiencia solemne celebrada con motivo del Día del Poder Judicial, Cury reiteró la propuesta que hizo pública en meses pasados para que se instituya el delito de prevaricación judicial, de manera que los jueces que dicten fallos “manifiestamente contradictorios con el ordenamiento jurídico, o que vayan más allá de la mera ilegalidad producto de una interpretación errónea o discutible”, sean penados correccionalmente y se les inhabilite para ocupar empleos públicos de 2 a 6 años.
Aseguró que para fortalecer la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema judicial, no basta con separar a los jueces venales o incompetentes, sino que también es necesario “limitar la convicción omnímoda del juez para evitar que falle, como expresó el magistrado Germán Mejía, por capricho, amistad o venalidad”.
Cury, quien es asesor del candidato presidencial del PRD, ingeniero Hipólito Mejía, insistió en que la solicitud del Presidente de la Suprema Corte de Justicia revela “lo que es un secreto a voces, y es que algunos jueces cuyos nombres y apellidos son de todos conocidos, dictan con sospechosa frecuencia decisiones sin fundamentos legales, y peor aún, en base a hechos no acreditados o carentes de elementos probatorios que corroboren las pretensiones que antojadizamente consienten en sus sentencias”, expuso.
Explicó que expulsarlos de sus cargos no basta, sino que también es indispensable tipificar penalmente sus faltas. Para eso, dijo, la Suprema Corte de Justicia debe ejercer la facultad que le reconoce el numeral 3 del artículo 96 de la Constitución y someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que consagre la prevaricación judicial como delito. Según el reconocido jurista, mediante la penalización de la ignorancia inexcusable, los jueces que el Consejo del Poder Judicial destituya por la comisión de faltas graves podrían ser también condenados a penas privativas de libertad, lo que para Cury afianzaría en todas las jurisdicciones judiciales “las garantías del debido proceso y el ideal de Justicia”.