La Junta Central Electoral (JCE), rechazó una denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Red de Encuentros Domínicos Haitianos Jacques Viau (REDHJV) y el Movimiento de Mujeres Dominicos Haitianas (MUDHA), en la que se acusa a la institución de supuestamente negar la identidad a 120 ciudadanos
Al ofrecer la información, el Presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez, explicó que una investigación realizada sobre el particular dá cuenta de que de los 120 casos, 49 corresponden a actas de nacimiento que se encuentran libres de impedimento para su expedición, es decir que están correctas; 23 casos son de actas de nacimiento que deben ser transcritas al Libro Especial de Extranjería por tratarse de hijos de extranjeros no residentes; 8 casos que corresponden a actas de nacimiento suspendidas por falsedad de datos y pendientes de ser conocidas por los tribunales de la República.
De igual manera, el doctor Roberto Rosario Márquez, dijo que 40 casos restantes se solicitaron informaciones sobre la documentación de los padres declarantes a la comisión nacional de derechos humanos a la Red de Encuentro Domínico Haitiano Jacques Viau y el Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana, debido a que no tienen ninguna sustentación documental para hacer la investigación.
“La Dirección General de Migración realizó una minuciosa verificación en sus registros, certificando y confirmando los resultados arrojados por las investigaciones realizadas previamente por la Junta Central Electoral”, precisó Rosario Márquez.
Explicó que de 47 casos investigados, 26 personas reconocen que los padres carecían de documentos de identidad dominicano; 3 corresponden a extranjeros que obtuvieron la residencia mucho tiempo después del nacimiento de sus hijos; 1 alega tener un documento indeterminado; 2 alegan haber sido declarados con cédulas de identidad, que se comprobaron son documentos falsos; y 15 se encuentran pendientes de concluir el proceso de verificación.
“Lo que estamos diciendo es que hay 18 casos que se encuentran todavía en proceso de investigación, que hay 22 casos que por falta de documentación y soporte estamos imposibilitados de tramitar, que hay 49 casos que están en condiciones libres de todo tipo de impedimento y que los ciudadanos no tienen por que esperar nada sino que pueden pasar a retirar su documento de identidad y con el si es necesario su cédula de identidad y electoral como dominicano.
El magistrado Rosario Márquez recordó que la JCE sobre sus hombros la responsabilidad de reguardar la identidad en los y las dominicanas República Dominicana, por lo que se trata de un tema transcendente e importante porque coincide con el proceso de rescate y saneamiento que se está dando en el registro civil y ustedes saben que hace poco varios ciudadanos dominicanos fueron apresados porque estaban falseando y adulterando documentaciones”, aseguró el presidente de la JCE.
En otra parte de sus declaraciones, el Presidente de la Junta Central Electoral informó que el Pleno aprobó también la supervisión de la Convención o Asamblea donde se elegirá la directiva y el candidato presidencial del Partido Dominicano por el Cambio, de acuerdo al mandato de la ley, durante un acto a celebrarse el próximo día 18 de los corrientes.
Aprobó además el cambio de nombre y nuevo formato de logo y bandera de la Agrupación Movimiento Independencia Unidad y Cambio, Miuca, por el de Partido Frente Amplio. Respecto a la solicitud de reconocimiento del movimiento Fuerza Dominicana en el Exterior, para presentar candidatos a diputados en las próximas elecciones, se decidió enviar dicha solicitud al departamento de Partidos Políticos para su estudio y opinión.
De igual manera, el doctor Rosario Márquez anunció la convocatoria para el próximo día 20 del presente mes de un pleno que conocerá de manera definitiva la conformación de las juntas electorales pendientes así como de las oficinas para el Voto del dominicano en el exterior.
En un próximo pleno se conocerá también la denuncia del Partido Revolucionario Dominicano sobre supuestas anomalías en las comunidades dominicanas de Barcelona, España, en los operativos de cedulación y empadronamientos en esa ciudad.
