GUATEMALA.-
En los registros electrónicos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encontraban ayer inscritos los alcaldes José Brígido Luna Peláez, de San Jerónimo Baja Verapaz, Luis López Chamorro de Chinique Quiché y Francisco Vela Tunay de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez. La única plaza que aparece vacante es la del alcalde de Nebaj, Quiché, Virgilio Bernal, a quien una resolución emitida el viernes último por el TSE le permite su inscripción. En el TSE nadie da una explicación certera de la inscripción de estos ediles que carecen de finiquito por antejuicios y denuncias de la Contraloría General de Cuentas. Miguel Solís, el registrador de ciudadanos, concedió una de esas poquísimas entrevistas que suele dar a la prensa, reconoce su asistente. Sin embargo, esta no duró ni cinco minutos. “Me encargo de las elecciones para presidente, vicepresidente, diputados por lista nacional, Parlacen, diputados distritales donde no tienen organización departamental. Todas las inscripciones de alcaldes que no sean de cabeceras le tocan al departamento de Organizaciones Políticas”, dijo. Acto seguido abrió la puerta de su despacho y con paso firme se encaminó a la oficina de Francisco García Cuyún, el director de esa unidad. García, sorprendido con la intempestiva visita de Solís, se defendió con La Ley electoral en mano, y dijo que la inscripción depende de las delegaciones departamentales. Cuando se presentan recursos de nulidad –como en estos casos– es el pleno del TSE quien resuelve. “Los dictámenes de organizaciones políticas no son vinculantes”, reitera. Al solicitarle los expedientes, la directora jurídica del TSE , María Teresa Centeno, promete buscar las resoluciones, pero después (otro día) porque “ el trabajo es demasiado”, se queja. En la Contraloría Emilio Cancinos, secretario General de la Contraloría General de Cuentas, de quien depende la emisión y la revocatoria de finiquitos, reconoció que “en todos los casos el cargo al sistema de denuncias o juicios de cuentas que se les imputaron a los candidatos (antes mencionados) se hicieron días después de habérseles extendido la constancia transitoria (finiquitos)” Al cuestionársele por qué no se retardó el trámite hasta tener todos los antecedentes respondió: “ Demorar no era la política que se estaba manejando en la entrega”. Los finiquitos que Cancinos autorizó fueron posteriormente revocados; sin embargo, el TSE decidió inscribir a estos cuatro alcaldes pese a no tener el documento. Preguntas embarazosas “¿Dónde está el Ministerio Público (MP)?”, se pregunta el abogado constitucionalista Gabriel Orellana. Califica la actitud del MP y la Contraloría como una actitud de “enorme negligencia. El MP a la vista de un hecho notorio no actúa”, ejemplifica en el caso del alcalde Vela Tunay. “¿Por qué la contraloría revocó los finiquitos?” es otra de las preguntas que el exmagistrado Hugo Maúl plantea. “A menos que los candidatos hubieran solventado su situación entre la primera extensión del finiquito y el momento de la inscripción. Es evidente que se cometió un error, no fueron acuciosos”. También hay una “gran responsabilidad” de las delegaciones departamentales que son las encargadas de la inscripción de las corporaciones municipales que no sean cabeceras, “¿Quién responde por las acciones del alcalde que pretende reelegirse desde que le extienden su finiquito para inscribirse hasta que completa su período?, “es otro vacío legal”, se responde Maúl. De ser electos no podrán asumir coinciden el exmagistrado y el constitucionalista Alejandro Balsells. “El finiquito sirve tanto para inscribirse como para ejercer la función pública, explican. Francisco Vela Tunay SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ >Tiene el antejuicio 1-2008 promovido por el Ministerio Público ante la denuncia penal presentada por la Contraloría, el 27 de diciembre de 2007. Se le señala de la falsificación del finiquito 059-75. El juicio 67-2007 del Juzgado de Primera Instancia de Cuentas lo condenó al pago de Q661 mil 685.75. >Como se le denegó el finiquito interpuso 2 amparos uno ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcotráfico y Delitos contra el Ambiente 52-2011 y el 105-2011 en la Sala Primera del Ramo Civil y Mercantil. Brígido Luna Peláez SAN JERÓNIMO BAJA VERAPAZ >La contralora general, Nora Segura, hizo una denuncia pública de las amenazas vertidas por el alcalde Brígido Luna Peláez en contra de auditores de esa institución. >La Contraloría presentó 3 denuncias por Q13 millones 206 mil 100 y la desaparición de 36 cheques ya pagados sin el sello de No Negociable. Las denuncias fueron el resultado de una auditoría especial sostiene la directora de la asesoría jurídica de la Contraloría General, Leyla Lemus. >Los recursos pudieron ser utilizados para fines distintos a los programados. Luis López Chamorro CHINIQUE, QUICHÉ >La Municipalidad de Chinique tiene una formulación de cargos DAM-MCH-005-2011 . >Según la Contraloría General de Cuentas al edil se le abrió un expediente porque no hay documentación que sustente ciertos gastos de la municipalidad a su cargo. >Sin haber presentado recurso alguno, López Chamorro, de la UNE, también será inscrito por orden del TSE. Consultado sobre el tema, López atribuye a “rumores” los problemas legales de su candidatura. Virgilio Jerónimo Bernal NEBAJ, QUICHÉ >Cuando la Contraloría realizó la auditoría a la Municipalidad de Nebaj se encontró con que dos libros fueron autorizados por la Contraloría General y utilizados lo cual no está permitido dentro de la ley. >La denuncia de la auditora Irma Yolanda Sandoval Álvarez data del 27 de febrero de 2008 pero fue presentada hasta el 16 de marzo de 2011. La sala regional mixta de Antigua declaró con lugar un antejuicio el lunes pasado. “Presentamos un recurso de nulidad porque habían unos pequeños malentendidos por ahí”, afirma Bernal.
