23/08/2018 Santo
Domino, República Dominicana._ La Unidad para la Readecuación de La Barquita y
Entornos (URBE) informó que será a finales de este mes que iniciarán el
traslado de las primeras 25 familias de Los Guandules a modo de ejercicio
piloto para evacuar de manera preventiva a las personas ubicadas en la zona de
alto riesgo a orilla del río Ozama dentro del área de intervención urbana Nuevo
Domingo Savio, de acuerdo con los levantamientos realizados entre noviembre del
2016 y abril del 2018.
Sobre el proceso José
Miguel González Cuadra director ejecutivo de URBE informó que cada una de las
familias serán trasladadas al lugar que las mismas han escogido para vivir y
que esto se hará con el mismo respeto a las personas y con el orden
con el que URBE realizó los traslados anteriores. El proceso será realizado en orden secuencial
iniciando por el sector Los Guandules y continuando al sector La Ciénaga, a fin
de trasladar las 1400 familias que hoy habitan por debajo de los 3 metros sobre
el nivel del rio Ozama.
Los criterios para
compensar económicamente a las viviendas y a las familias fueron consensuados y
estos se basan en la composición de los hogares y los avalúos catastrales de
las mejoras realizadas por la Dirección General de Catastro Nacional.
“Al igual que hicimos
con La Nueva Barquita, URBE estará acompañando a las familias en todo el
proceso de traslado. El mismo día de la
mudanza cada familia recibirá el cheque por el valor según el caso que
corresponda y serán trasladadas las personas y sus enseres al lugar que ellos
eligieron para vivir. Este proceso se
hará con la dignidad y el respeto que merecen cada una de estas familias”, manifestó González Cuadra.
Para este año, el
presupuesto asignado para las compensaciones y las obras de infraestructura es
de 2,000 millones de pesos.
“Estamos trabajando caso por caso, familia por
familia, hablando con los afectados de manera directa, sin intermediarios, tal
cual ellos nos han solicitado. Tenemos
más de un año estudiando este proceso y llegó la hora de avanzar y cumplir con
la responsabilidad del Estado de ir en ayuda a estas familias que viven en
permanente riesgo de inundación y otras amenazas. Luego de finalizada el proceso de traslado
de familias y liberación de suelo, continuaremos con los requerimientos
presentados por la comunidad cuya demanda principal ha sido la construcción de
escuela y tenemos proyectadas la edificación de 2 escuelas en Los Guandules y 2
escuela en La Cienega, cada una acompañada por una estancia infantil. El siguiente paso sería abrir los accesos
para poder llevar los servicios básicos al barrio agua, luz transporte y hacer
más eficiente el proceso de recogida de basura”, señaló González Cuadra.
Asimismo, el director
ejecutivo de URBE afirmó que a medida que se vayan liberando los terrenos se
empezará a trabajar en ellos de inmediato para evitar que vuelvan ser ocupados. Esta zona no urbanizable de las inmediaciones
del río será utilizada para áreas
recreativas y deportivas usos altamente demandado por la población.
Sobre
la titularidad de los terrenos
Desde el anuncio hecho por el Presidente de la
República en marzo del año pasado, URBE ha estado trabajando en la
regularización de la titularidad de las mejoras ubicadas en la franja que debe
ser deshabitada.
El censo realizado
por la Oficina Nacional de Estadística en el 2017 determinó que en el sector
existen más de 15 mil viviendas y 42 mil personas entre los dos barrios.
González Cuadra
informó que han estado trabajando junto con el Ministerio de Hacienda, la
Dirección de Catastro Nacional y la Comisión Permanente de Titulación de
Terrenos del Estado y la abogada Laura Acosta para regularizar la ocupación y
tenencia de los terrenos necesarios para el proceso de titularidad obedeciendo
la voluntad del señor Presidente de que cada vivienda tenga su título de
propiedad y que la misma pueda adquirir más valor”.
Así mismo informó que
las investigaciones reflejaron que estos terrenos fueron declarados de utilidad
pública en 1958 y que en estos momentos se están actualizando los valores
correspondientes al pago de los mismos para poder cerrar el proceso. Precisó que el 80% de estos terrenos pertenecen al
estado y 20% son de propiedad privada.
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