29/10/2017 Santo Domingo, República
Dominicana.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), ha trabajado todas y cada una de las auditorías que le
ha remitido la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, por lo que debido
a las investigaciones realizadas a partir de las mismas, ha obtenido unas 15
sentencias condenatorias y actualmente existen 13 procesos abiertos en
diferentes instancias de los tribunales del país.
La información está contenida en un
comunicado de la PEPCA divulgado por la Dirección de Comunicación y Prensa de
la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se indica que en este
momento ese organismo especializado únicamente tiene 20 auditorías en proceso
simultáneo de análisis y validación, así como otras 27 que a la misma vez están
bajo investigación penal preliminar.
La declaración señala que por carecer
de evidencias que comprueben delitos penales, otras de esas auditorías han
terminado en decisiones de archivo, descargo o absolución, mientras que el
resto mayormente proviene de hace cerca de 10 años y en ese entonces fueron
enviadas a fiscalías de diferentes localidades para realizar las
investigaciones de rigor, sin que, según figura en los registros de aquel
tiempo, arrojarán la existencia fehaciente de infracciones punitivas.
El organismo anticorrupción propone
establecer protocolos para que cuando en la aplicación de procedimientos de
control interno y fiscalización externa se detecten señales de irregularidades
graves, las instituciones estatales a cargo notifiquen esos hallazgos al
Ministerio Público para que éste pueda anticipar las indagatorias de lugar y
actuar como corresponda en cada caso.
Asimismo, la PEPCA resalta que los
resultados de las auditorías que le remite la Cámara de Cuentas no equivalen a
sentencias condenatorias por corrupción y los mismos normalmente carecen de
méritos para iniciar automáticamente procesos ante tribunales, pues en su
mayoría solo arrojan faltas administrativas, que primariamente no constituyen
delitos de tipo penal.
El comunicado destaca que debido a que
precisamente esas auditorías que le envía el órgano estatal de fiscalización
externa, por sí solas no son suficientes para iniciar sometimientos judiciales, cuando las mismas se reciben en
la PEPCA son sometidas a un proceso de análisis y validación que requiere
tiempo, el cual tiene como finalidad esclarecer en cuales verdaderamente
existen señales concretas de infracciones punitivas.
La PEPCA expresa asimismo que si esa
meticulosa comprobación arroja que en alguna de esas auditorías realmente
existen indicios fuertes de delitos de tipo penal, sin ningún tipo de
discriminación, se procede a iniciar la investigación preliminar de rigor,
proceso éste que también conlleva tiempo.
Igualmente, el organismo enfatiza que
cuando se determina con veracidad la existencia de delitos penales en alguna de
esas auditorías, en forma oportuna y sin distinción, se elabora el sometimiento
judicial que corresponda en contra de quienes sean los responsables, lo cual
suele ocurrir un tiempo después de finalizar la investigación preliminar,
porque es fundamental preparar bien esos tipos de actos, antes de presentarlos
ante los tribunales.
En este sentido, la PEPCA explica que
es imprescindible agotar estos procedimientos, para en los casos que tengan
méritos proceder a presentar expedientes robustos que garanticen resultados,
como ocurrió con las condenas por desfalco en el Ayuntamiento de San Cristóbal,
en la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado, en el Programa de
Reducción de Apagones y en las Juntas de los Distritos Municipales de Cabarete
y La Bija.
También, pone como ejemplo el envío a
juicio por malversar fondos públicos en el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, en el Ayuntamiento del municipio de La Romana, en la Junta del
Distrito Municipal de Las Terrenas y en la Alcaldía de San Francisco de
Macorís, en este último caso, tras la PEPCA lograr la revocación de una
sentencia de No Ha Lugar.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario