9/3/2017
Santo Domingo, República Dominicana.- El procurador general de la República,
Jean Rodríguez, prohibió terminantemente a los miembros del Ministerio Público
enviar con mujeres víctimas de violencia de género, citaciones y cualquier otro
tipo de documentos para sus agresores, incluyendo órdenes de protección,
órdenes de arrestos y de conducencia, cuya diligencia es responsabilidad
exclusiva del procurador fiscal.
Las
instrucciones fueron dadas mediante una circular dirigida a los procuradores
generales adjuntos, procuradores generales de cortes de apelación y los
titulares de las procuradurías especializadas, así como a los fiscales
titulares, procuradores fiscales, fiscalizadores, y a los directores de las
distintas unidades de atención a víctimas de violencia de género que funcionan
a nivel nacional.
El
magistrado Jean Rodríguez condenó y calificó como una inadmisible práctica el
hecho de que la misma mujer que va a denunciar un caso de violencia sea
utilizada para hacerle llegar a su agresor la citación correspondiente, cuando
es personal del Ministerio Público que debe realizar ese tipo de trámites.
“Una
mujer víctima de violencia de género que tiene la disposición y valentía de
denunciar a su agresor, se le aumenta más el riesgo poniéndole a su cargo
llevar las referidas solicitudes. En tal sentido, instruimos descontinuar la
práctica incorrecta de utilizar a la víctima para realizar mensajería, lo cual
la re-victimiza y la pone en mayor riesgo”, expresó.
El
procurador general dijo que la disposición fue tomada en virtud de quejas de
ciudadanos sobre tal aberración, que va en contra de los protocolos
establecidos por la institución para el manejo de estos casos.
Manifestó
que es una prioridad la ejecución de acciones concretas e inmediatas, dirigidas
a la atención, prevención y persecución de quien violente los derechos de una
mujer, con el propósito de revertir los indicadores negativos que han
convertido la violencia de género en la principal causa de muerte violenta de
la mujer dominicana.
Al
mismo tiempo, agregó que cada representante del Ministerio Público debe
procurar tramitar las indicadas diligencias por sus propios medios, a través de
alguaciles, mensajeros y hasta personalmente, si fuese necesario, pero, nunca,
a través de una mujer denunciante de violencia en su contra.
“El
Ministerio Público, tal y como lo expresa la Constitución dominicana y la Ley
Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, es el garante de proteger el
derecho tutelado más importante, como lo es la vida, en este caso de las mujeres, por lo que de manera inmediata apelo a su
atención a la presente instrucción, pues la prevención de este tipo penal es
responsabilidad de todos”, manifestó.


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