Miércoles, 08/07/2015 Washington, DC.- El gobierno dominicano respondió hoy las
acusaciones que le hiciera el gobierno haitiano ante el Consejo de Seguridad de
la Organización de Estados Americanos (OEA).
El embajador dominicano ante ese organismo, Pedro Vergés, le salió
al frente a las acusaciones que hizo el gobierno haitiano a la República
Dominicana en torno a la política migratoria.
El funcionario diplomático acusó al canciller haitiano de mentir
ante el foro de la OEA, al acusar a la República Dominicana de promover la apátrida.
8 de Julio 2015 – Washington,
DC
Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos Posición de la República Dominicana.
Muchas gracias señor
Presidente.
La República Dominicana saluda
la presencia en este escenario del Canciller de la República de Haití, señor
Lener Renauld.
Al mismo tiempo deseamos hacer
algunas precisiones.
Queremos expresar,
categóricamente, que el gobierno de Haití, a través de su Ministro de
Relaciones Exteriores, miente ante este foro de Estados americanos. En la
República Dominicana no hay apátrida, no ha habido deportaciones desde
noviembre del año 2013 y no ha habido ningún tipo de violencia contra las
personas que en las semanas recientes han optado por el regreso voluntario
luego del exitoso Plan Nacional de Regularización de extranjeros
indocumentados, sobre el cual me referiré más adelante.
Hemos escuchado en varios
escenarios al Gobierno de Haití referirse a negociación de un protocolo de
deportación con la República Dominicana. No queremos que nuestra respuesta se
haga esperar. El Gobierno de la República Dominicana rechaza todo intento de
obstaculizar el ejercicio de su soberanía y su capacidad de autodeterminación
como Nación. Es con esta vara que mide sus relaciones con otros Estados, y
Haití no es la excepción. Ningún otro Estado miembro de esta comunidad
interamericana ni de ninguna otra parte del mundo negocia con otro los términos
de sus leyes migratorias simplemente porque esa es una potestad soberana de los
Estados.
La República Dominicana desea
expresar su más profunda sorpresa por los términos de la convocatoria a esta
sesión.
Nos vemos obligados a repetirlo
una vez más. En nuestro país no hay apátrida. Reconocemos que la sentencia
168-13 de nuestro Tribunal Constitucional generó inquietud en este foro por su
efecto en un determinado número de personas, sin embargo esto quedó totalmente
disipado con la Ley No. 169-14, que fue el resultado de un gran consenso político
nacional, reconociendo la condición de dominicanos a esas personas.
En efecto, la Ley No. 169-14 ha
resuelto la situación de documentación como dominicanos a más de 55,000
personas y sus descendientes, y creó mecanismos legales para aquellos que nunca
fueron inscritos tengan acceso a documentos y eventualmente a la naturalización
dominicana; por este concepto casi 9,000 personas que nacieron en nuestro
territorio de padres extranjeros podrán naturalizarse en menos de dos años. Nos
sorprende cómo deliberadamente se ignora, y esto incluye a muchos medios y
organizaciones que se han referido a este asunto recientemente, que República
Dominicana dio una respuesta legal efectiva a esta problemática que se originó
a partir de la referida sentencia.
Como se puede apreciar, si hubo
alguna preocupación acerca de personas nacidas en el territorio dominicano y
que pudieran estar en riesgo de apátrida, hemos actuado responsablemente para
crear mecanismos legales que respondan a esta situación. Y nuestro presidente
ha dado garantías de que en el futuro, cualquier situación que se presente será
atendida y resuelta conforme a nuestra legislación..
Pero no queremos que se
interprete que estamos opuestos a dialogar. El diálogo ha sido (y creemos
debería continuar siendo) el canal para dilucidar estos temas con nuestro
vecino Haití, siempre a la luz de la sinceridad y la buena fe.
Durante más de un año, desde
enero del año 2014 hasta principios de este año, nuestro país y la República de
Haití mantuvieron un diálogo de alto nivel en el que, entre otras muchas cosas,
acordamos que cualquier diferencia o situación de preocupación entre las partes
se trataría en el contexto de ese diálogo.
El diálogo sirvió para acercar
a las autoridades del más alto nivel, abrir canales de comunicación,
permitiendo después que otros sectores de ambas sociedades hicieran lo propio,
en especial, el sector privado y la sociedad civil. Todo esto pues entendimos
que compartiendo la misma isla y teniendo lazos y relaciones indisolubles,
resulta irracional darnos la espalda.
La República Dominicana escuchó
y atendió las solicitudes de Haití. Cabe resaltar que fruto de las primeras
reuniones del diálogo, accedimos a dar facilidades especiales a cerca de 10,000
estudiantes haitianos que cursan grados en nuestras universidades y creamos un
nuevo tipo de visado para trabajadores temporeros.
Haití se comprometió a dotar a
sus nacionales de los documentos requeridos para regularizarlos en República
Dominicana. Nunca lo hizo.
Durante todas las reuniones de
las comisiones de alto nivel, encabezadas por el Ministro de la Presidencia
dominicano y por el Primer Ministro de Haití hicimos hincapié en la necesidad
de que el gobierno haitiano asumiera la responsabilidad de dotar de documentos
de identidad a sus nacionales en territorio dominicano. Las declaraciones
conjuntas de las primeras tres reuniones, firmadas por ambos gobiernos,
evidencian el compromiso asumido para lograr este objetivo.
Cito:
7 de enero de 2014: “…la parte
haitiana se comprometió a expedir documentos de identificación apropiados a
dichos trabajadores para poder completar el trámite.”
3 de febrero de 2014: “la República de Haití reafirmó su compromiso de agilizar la emisión de pasaportes y registro civil a sus nacionales…”
3 de febrero de 2014: “la República de Haití reafirmó su compromiso de agilizar la emisión de pasaportes y registro civil a sus nacionales…”
10 de julio de 2014 “el
gobierno haitiano reiteró su compromiso de lanzar un programa de documentación
masiva, que incluye la expedición de pasaportes para sus nacionales. Asimismo,
la República Dominicana, ofreció su apoyo a la iniciativa haitiana, que
complementa el plan de regularización, y solicitó también a la comunidad
internacional su colaboración en este sentido.”
Señoras y señores,
La República Dominicana ofreció
todas las facilidades para que el gobierno haitiano desplegara en nuestro
territorio el personal y los recursos necesarios para satisfacer esta necesidad
esencial de los seres humanos, que es tener un documento de identidad. En más
de una ocasión recibimos comisiones del gobierno haitiano para explicar su
propuesta, la cual nunca se materializó en los términos y con el alcance
esperado.
Deben ustedes recordar también
que en junio del año pasado esta Organización de los Estados Americanos (OEA)
entregó al presidente haitiano el “Diagnóstico para la identificación de los
migrantes haitianos residentes en la República Dominicana”, elaborado por el
Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA).
Pero además, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifestó
públicamente su disposición de apoyar a Haití en el reforzamiento de su
Registro Civil. Todavía, en la República Dominicana estamos esperando que el
gobierno haitiano cumpla su promesa.
¿A qué viene todo esto?
Como explicara nuestro
Canciller en esta misma sala en la sesión anterior de este Consejo Permanente,
nuestro país puso en vigencia en noviembre del año 2013 el Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros en condición migratoria irregular. Durante 18
meses nuestro gobierno impuso una moratoria en las deportaciones para que todos
y cada uno de los extranjeros en nuestro país se regularizara y obtuviera un
estatus migratorio.
El requisito fundamental para
regularizarse era tener un documento de identidad oficial de su país de origen.
Se inscribieron más de 288,000 personas, en su mayoría nacionales haitianos. Como
era de esperarse ante el incumplimiento de Haití, apenas una tercera parte
posee pasaporte (96,000 personas).
La incapacidad de Haití de
dotar de documentación a su propia gente ha sido admitida por notables
personalidades haitianas en varias ocasiones. Recientemente, el embajador
haitiano en República Dominicana, el Dr. Daniel Supplice, manifestó su
desaliento diciendo: “No somos capaces de dotar de identificación a nuestros
ciudadanos en nuestro propio país, no veo cómo podríamos haberlo hecho afuera”,
dijo al periódico Le Nouvelliste. “Nosotros somos los responsables de lo que
sucede con nuestros compatriotas hoy”, agregó el embajador Supplice.
A esto se agregan las
declaraciones del intelectual y excónsul haitiano Edwin Paraison, quien
manifestó que las estadísticas reflejan que apenas unos 45 mil nacionales
haitianos se inscribieron en el Programa de Identificación y Documentación de
Inmigrantes Haitianos (PIDIH), y que los pasaportes entregados por el gobierno
haitiano representan apenas el 5% de esa cifra. “Ha habido problemas en ambos
lados con los planes de documentación, pero evidentemente el mayor problema ha
sido del gobierno haitiano”, dijo Paraison.
¿Es esto un mensaje de que al
gobierno de Haití le importan los derechos de sus ciudadanos? ¿Sabrán las
autoridades haitianas que la falta de documentación hace invisibles a los seres
humanos que carecen de ella? ¿Es eso respetar sus derechos?
Ante la realidad de que la
falta de documentación a quien termina por afectar es a la persona que carece
de ella, el gobierno dominicano decidió que aún aquellos solicitantes sin
pasaporte sean dotados de un documento provisional con vigencia de un año
mientras logran obtener su documento de identidad nacional haitiano. Con esta
medida la mayoría de los 288,000 inscritos en el Plan de Regularización
obtendrán un estatus migratorio regular.
El Gobierno Dominicano incluso
aceptó la inscripción en su Plan de Regularización de aquellos registrados en
el PIDIH pendientes de entrega de pasaporte, concepto bajo el cual fueron
aceptados miles de nacionales haitianos.
Como se puede apreciar, la
República Dominicana ha hecho un esfuerzo extraordinario para documentar a los
extranjeros irregulares, con un grado de flexibilización quizás como ninguna
otra nación en la región.
Los resultados de nuestras
políticas están ahí.
Pero demandar de nosotros una
amnistía para mantener en nuestro territorio a todos y cada uno de los
extranjeros irregulares es algo que nadie puede pedirnos. Ningún Estado de los
que están sentados en este foro haría tal cosa.
Haití tuvo la oportunidad de
que sus nacionales se regularizaran, pero no les interesó, a pesar de todas las
condiciones favorables, no tuvimos colaboración, pero aún así, con mucho
esfuerzo y recursos hemos sacado adelante un Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros que hará posible que algo más de 288 mil personas regularicen su
estatus migratorio en República Dominicana.
Señoras y señores,
La República Dominicana ha sido
flexible, paciente, solidaria y comprensiva.
A la República Dominicana no le
sobra nada. Por el contrario, le faltan muchas cosas para alcanzar el bienestar
pleno de nuestra gente.
Sin embargo lo que tenemos, lo
compartimos, y lo seguiremos compartiendo.
Muestra de lo anterior es que
una proporción significativa del presupuesto de la República Dominicana en
gasto social se invierte en la población extranjera (en su inmensa mayoría
haitiana) en el país: en salud pública (decenas de miles de parturientas, y una
inversión de más de US25 millones), educación básica, media y superior (50,000
estudiantes extranjeros, a quienes no se les exige documento de identidad).
También, en materia comercial,
debemos reivindicar nuestra actitud solidaria y desinteresada, pues desde el
terremoto de 2010 han transitado por nuestros puertos marítimos y a través de
nuestras carreteras decenas de miles de contenedores con destino hacia Haití,
por cuyo concepto la República Dominicana no cobra ningún impuesto adicional.
Señoras y señores,
Nadie, absolutamente nadie, le
puede pedir a la República Dominicana que asuma las responsabilidades de otro
Estado.
Tampoco nosotros podemos
aceptar el cinismo de naciones que pretenden denunciar con hipérbole y
exageración lo que ellos tienen por costumbre hacer en su propio territorio a
los inmigrantes.
Es bien sabido que muchas
naciones alrededor del mundo, incluyendo en nuestro propio vecindario, están
lidiando con los enormes desafíos que implica la presión migratoria de unos
países hacia otros, y nadie puede decir que tiene una solución perfecta a esta
problemática.
A la República Dominicana le ha
tocado una carga proporcionalmente mayor que la que le ha tocado a otros
Estados en lo que respecta a la cuestión migratoria.
Haití ha vivido décadas en una
persistente crisis económica, social, política y medioambiental al punto de que
por años ha estado bajo la supervisión del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas a través de la MINUSTAH sin que hasta la fecha se haya podido notar
avance considerable en la mejoría de ese país.
En la República Dominicana hay
un sentimiento compartido de que la comunidad internacional, que ha tenido una
incidencia en Haití durante años, no ha asumido su responsabilidad a la altura
de lo que las circunstancias requieren. También sentimos que el propio liderazgo
haitiano no ha asumido su responsabilidad para, en nombre del bien común,
actuar de manera concertada para proveer seguridad, estabilidad política y
normalidad institucional a ese país.
Nosotros somos afectados de
manera más directa y dramática de este estado de crisis permanente en Haití a
la cual no le vemos salida cierta a corto plazo.
Visto lo anterior, consideramos
injustas las declaraciones que buscan presentar a nuestro país como un
monstruo, a punto de desencadenar procesos incivilizados y cavernarios.
Sepan que todo tiene un límite.
Le pedimos a quienes quieran
constatar nuestras políticas y ejecutorias internas que nos visiten. Que vayan
a observar cómo convivimos pacíficamente en nuestra isla, en un ambiente de
tranquilidad y armonía.
Hemos escuchado y visto con
perplejidad como incidentes aislados protagonizados por unos pocos en que
resultan afectados haitianos y dominicanos se quieren presentar como el retrato
de una comunidad.
Eso es una irresponsabilidad
inaceptable.
Esto así pues los pocos incidentes
que se han dado en nuestro país y en el que han resultado víctimas nacionales
haitianos, han sido condenados por las autoridades dominicanas e inmediatamente
se ha dispuesto la investigación correspondiente para establecer
responsabilidades. Para esto en la República Dominicana existe un ordenamiento
judicial e institucional.
Estamos seguros que mal podría
hacer cualquier país en tomar de las redes sociales, videos o relatos de
situaciones bochornosas de algunos ciudadanos para ensuciar la imagen de otro.
Porque esta clase de situación bochornosa sucede en todas las sociedades del
mundo; la diferencia radica en la capacidad que existe para dar respuesta,
corregir, sancionar y evitar su repetición. Ese es el ánimo del gobierno de la
República Dominicana.
Durante demasiado tiempo muchos
países, y en especial de la región, han utilizado un doble estándar para
enjuiciar nuestras políticas. Incluso se ha pretendido sugerir que adoptemos
fórmulas que pueden poner en peligro la estabilidad política y la cohesión
social de nuestro país; cosa que quienes proponen nunca harían en sus propios
países.
Saben ustedes que no somos una
sociedad perfecta, pero quienes nos critican tampoco lo son. Y si bien
compartimos algunas de las mismas falencias, la irresponsabilidad no es una de
ellas.
La diferencia entre el discurso
y los hechos salta a la vista en muchas intervenciones. La hipocresía y el
descaro son evidentes en muchos casos. La República Dominicana no se inscribe
en ninguno de estos procederes.
Hemos sido coherentes en buscar
soluciones, en crear caminos de avenencia y garantizar mecanismos para que
todas las personas en nuestro territorio se puedan desarrollar, siempre
apegados a nuestro ordenamiento jurídico; tal y como cada uno de los países
aquí presentes lo haría.
Como hemos explicado, la
República Dominicana ha logrado con el Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros y la Ley 169-14 que más de 350,000 personas que se encontraban en
una situación de vulnerabilidad, en un lapso de apenas de 18 meses, hayan
podido solucionar su situación.
Deploramos que un escenario
como este, donde se podrían construir soluciones, se contribuya a generar más
tensiones innecesarias.
Señoras y señores,
Para República Dominicana el
gobierno de la República de Haití ha generado una campaña de desinformación con
el solo propósito de ocultar la realidad, que es, el total y completo abandono
que hace de sus ciudadanos en territorio dominicano.
El más reciente obstáculo que
pretenden utilizar con el despropósito de impedir que la República Dominicana
ejerza su soberanía, es infundir temor en la comunidad internacional por una
supuesta crisis humanitaria que se generaría, al ellos recibir a sus
nacionales. Es la primera vez que escuchamos de un país que un ciudadano suyo
sobra en su propio territorio.
No nos confundamos, la
intención última es desviar la atención de la comunidad internacional de los
problemas que Haití está enfrentando en su actual su proceso electoral interno.
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