04/07/2013 Santo Domingo, República Dominicana.- El
derecho procesal debe funcionar como el brazo ejecutor de las políticas
públicas, para asegurar el bienestar general y el pleno ejercicio de los
derechos ciudadanos.
Declaró el vicepresidente ejecutivo de Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) durante la jornada inaugural del “Diálogo Iberoamericano de Derecho Procesal no Penal”.
Declaró el vicepresidente ejecutivo de Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) durante la jornada inaugural del “Diálogo Iberoamericano de Derecho Procesal no Penal”.
El
doctor Servio Tulio Castaños Guzmán afirmó que “la reforma de los procedimientos no penales concitan un
interés cada vez mayor en la vida jurídica de nuestro país, en este caso no
únicamente debido a la reforma constitucional de 2010 sino también en razón de
la gran ola de reformas normativas que se han sucedido en el plano nacional,
que han conllevado avances en el sistema de justicia”.
Castaño Guzmán pronunció el discurso de apertura de
Seminario Internacional Diálogo Iberoamericano de Derecho Procesal no Penal, organizado por
FINJUS conjuntamente con el Instituto Dominicano de Derecho Procesal, el
Centro de Estudios de Justicia de las Américas y el Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal y el patrocinio del Poder Judicial y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional.
Indicó que el evento reúne a destacados maestros
ius-procesalistas, incluyendo 8 profesores y magistrados internacionales
y cerca de 30 especialistas nacionales, compartiendo las experiencias y
avances registrados en este campo.
La mesa de honor de la ceremonia inaugural estuvo
constituida por el magistrado Mariano Germán, Presidente de la Suprema Corte
de Justicia; licenciado Rafael del Toro, Presidente del Consejo de Directores
de FINJUS; licenciado Ángel Landoni, Presidente del Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal; Magistrado José Alberto Cruceta, Presidente del
Instituto Dominicano de Derecho Procesal y magistrado de la Suprema Corte
de Justicia; licenciado Erick Ríos, Encargado de Capacitación del Centro de
Estudios Judiciales de las Américas y; y Fernando Martínez, Director Ejecutivo
del Instituto Iberoamericano del Instituto Dominicano de Derecho Procesal.
Replantear los retos de la Justicia Dominicana
El doctor Castaños Guzmán expresó que “un evento de
esta naturaleza, pionero en esta rama innovadora en el campo del derecho, es el
marco para replantear algunos de los retos más importantes que enfrenta la
justicia dominicana, a la luz de las lecciones aprendidas en esta materia en el
plano regional e internacional.
Significó que “durante décadas han quedado
rezagados por los grandes códigos nacionales, que limitan de manera significativa
el enfrentamiento de los retos que implica el mundo globalizado, las nuevas
tendencias internacionales en áreas vitales para la económica, la política y la
sociedad y que constituyen el día a día de nuestro desarrollo”.
Agregó que el marco de las reformas
pendientes destacan los asuntos procesales, “porque muchos de ellos están
directamente conectados con mecanismos de tutela
judicial que sean lo suficientemente efectivos como para responder a la
diversidad de situaciones y condiciones sociales que acompañan al ejercicio
natural de las sociedades”.
“En
FINJUS venimos advirtiendo desde la reforma constitucional de 2010, que debemos
advocarnos como país a la adaptación de la integralidad de nuestro ordenamiento
a los nuevos lineamientos constitucionales que en seguimiento a la Cláusula de
Estado Social y Democrático de Derecho se fundan en el respeto y defensa de la
dignidad humana y derechos fundamentales con la justicia e imperio de la ley
como principios transversales a todo el ordenamiento”.
Dijo que la Constitución de 2010 plantea un marco
claro para abordar de manera sistemática e integral el conjunto de disposiciones dirigidas a definir los fines y
funciones del poder y procedimientos judiciales en el marco de un Estado social
y democrático de derecho.
“En específico el artículo 69 del texto
constitucional sobre Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso describe las
garantías mínimas a la que debe responder la administración de justicia y el
artículo 7.4 de la Ley Orgánica Orgánica del Tribunal
y Procedimientos Constitucionales ha establecido que de ser necesario los
jueces podrán aplicar procedimientos diferenciados para lograr dicha tutela”,
apuntó el doctor Servio tulio Castaños Guzmán.
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