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ALMOMENTO / DESPERTARDOMINICANO.COM
Fecha
de publicación LUNES, 25 DE MARZO 2013 15:38
Por: Jose
Pimentel Muñoz MIAMI.-
Los familiares del dictador Rafael L. Trujillo Molina, residentes aquí,
dieron a conocer una comunicación dirigida al Procurador General de la
República Dominicana en la que se quejan de los intentos de revivir una
disposición de 1962 que prohibe las actividades trujillistas.
Dijeron que ésta es
una “ley mordaza” violatoria de los derechos consagrados en la actual
Constitución de ese país.
La amplia
comunicación enviada al Procurador Francisco Domínguez Brito está suscrita por
L. Ramfis Domínguez Trujillo, hijo de la señora María de los Angeles Trujillo
Martínez (Angelita), quien está radicada en esta ciudad y es hija menor del
dictador que gobernó durante 31 años el país caribeño.
Esta misiva es su
primera reacción a una decisión de la Procuraduría General de la República de
recordar a los fiscales, mediante resolución, que está vigente una ley que
prohíbe la realización de actividades o la emisión de pronunciamientos de
alabanza a la familia del dictador Trujillo o a su régimen.
“Mantenemos que la
disposición 5880-62 del Consejo de Estado, quedó debidamente anulada conforme
el Artículo 6 de nuestra Carta Magna como fue ratificada en su última versión
en el 2010, que dispone lo siguiente: “son nulos de pleno derecho toda ley,
decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”, se
expresa en la misiva.
Se añade que “esta
afirmación se apoya también en el Artículo 49 de la Constitución que protege el
derecho a la libertad de expresión e información proclamando que “toda persona
tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por
cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.
Sostiene que “el
derecho universal de libre expresión es también protegido por leyes
internacionales y pactos convenidos entre los países que respetan
la facultad de estos atributos inherentes a la autonomía de cada
individuo. La República Dominicana es signatario a estos trascendentales
acuerdos como lo son la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No podemos
permitir que continúen perpetuando su vulgar atropello a este derecho
fundamental”.
LA
CARTA
El texto completo
de la comunicación al Procurador General de la República es el siguiente:
El motivo de esta
carta obedece a la más reciente actividad de un reducido grupo de individuos
que, en asociación con los directores del llamado Museo de la Resistencia, se
dirigieron a su despacho con el propósito de entregar una carta en la que
solicitan la aplicación de la Ley 5880-62, que instituyera el Gobierno
provisional del Consejo de Estado. Estiman ellos que la rehabilitación de esta
ley mordaza frenaría lo que ellos llaman “promoción del régimen” del
Generalísimo Trujillo, así como “las actividades Trujillistas”. Sería risible
hablar de revivir lo que por múltiples razones no puede ser; la reaparición de
un gobierno cuyos dirigentes no existen ya, y quien lo personificaba, su líder,
falleció hace ya más de medio siglo. Pero no, lo que solicitan es grave, muy
grave. Se trata de pedir la aplicación selectiva o dosificación de los derechos
fundamentales de la libre expresión, basándose para ello en expedientes
obsoletos, objetados, precisamente, por la nueva Constitución de la República.
Quisiéramos
clarificar de manera inequívoca que el cometido tanto de la Fundación Rafael
Leónidas Trujillo Molina, la Familia Trujillo, y la mía personal en todo lo
inherente al tema del Generalísimo Trujillo y su gobierno de 31 años, es
histórico-cultural. Lo que venimos reclamando hace ya casi tres años es que se
respeten las verdades históricas incontrovertibles sobre este periodo de tanta
trascendencia para nuestra República Dominicana. Durante los últimos 52 años,
se ha pretendido relegar la historia de la Era de Trujillo exclusivamente a una
leyenda negra conveniente para un pequeño grupo compuesto de elementos que: o
bien han vivido suntuosamente de su neo-anti-Trujillísmo industrial; o aquellos
que pretenden ocultar su colaboración con el régimen - ya que luego de su
desaparición, estos se convirtieron en sus más grandes antagonistas y críticos;
o aquellos que aspiran a ocultar su desmedido despilfarro del caudal que legó
el gobierno del Generalísimo Trujillo a nuestra patria. Estos grupos persiguen
impedir que las verdades históricas se conozcan para amparar su embaucamiento y
evadir ser desenmascarados, con el fin de preservar sus considerables intereses
personales.
Es muy fácil hablar
de la Era de Trujillo sin tener que aportar pruebas fidedignas que apoyen esas
aseveraciones, pero después de la muerte del Generalísimo Trujillo, todos los
pronunciamientos se han aceptado como buenos y validos sin ninguna exacción. Nuestro
propósito es provocar un debate con respeto, altura y de manera absolutamente
académica; anhelamos la reivindicación de nuestras efemérides con verdades
totalmente irrefutables, no con fábulas retorcidas y útiles solo para un ínfimo
segmento de la ciudadanía dominicana. Las grandes revelaciones autenticadas que
han resultado de las investigaciones emprendidas por nuestra organización, son
prueba fehaciente de la imperiosa necesidad de nuestra labor. El pueblo
dominicano merece conocer la verdadera historia, y no solo el oscurantismo con
el que han querido opacar la descomunal proeza de la denominada era de
Trujillo, y que peor aún, desdice categóricamente del pueblo dominicano.
Insistimos en que todo el abundante legado de grandes hazañas alcanzadas durante
ésta época, habla por sí solo de la grandeza del pueblo dominicano.
CIERRE
DE PORTAL
Es comprensible que
aquellos intereses que hoy se oponen al esclarecimiento de estas auténticas
veracidades históricas, se sientan acorralados, en un callejón sin salida, pues
el peso de estos desvelamientos atentan seriamente contra las irresponsables
versiones que estos grupos han pretendido promover caprichosamente como
historia patria. Es evidente el empeño que tienen de enmudecernos, exigiendo
hasta a los medios de comunicación el no difundir nuestras intervenciones. Su
despliegue burdo e intolerante no tiene límites y han recurrido a todo tipo de
artimañas y maquinaciones para cumplir su ominosa misión. Incluso, hoy
aspiran a extender sus garras fuera del territorio nacional con una absurda
recaudación de firmas que ambiciona el cierre del portal de la Fundación Rafael
Leónidas Trujillo Molina en la red social de Facebook
(www.facebook.com/groups/112234865457756/). Lo que sí nunca han podido
hacer, es refutar ni tan siquiera una de nuestras aseveraciones. Hemos retado y
continuaremos retando a que nos señalen una sola farsa de todas las
declaraciones y publicaciones transmitidas públicamente desde el inicio de este
proyecto. Sin embargo, nosotros sí hemos impugnado sus imprudentes afirmativas,
apoyados siempre en la verdad, con pruebas perentorias, y revelando grandes
falacias que comprometen altamente su desvirtuada labor. Consideramos un
verdadero crimen que estos grupos continúen aprovechándose del pueblo
Dominicano y su empobrecido caudal, siendo todos estos beneficiaros de la
manutención del gobierno en cantidades suntuosas para seguir ampliando su
red de declaraciones infundadas. El Museo de la Resistencia, para citar un
solo ejemplo, recibió ciento seis millones de pesos (RD $106 millones) del
gobierno dominicano para su construcción y continúa recibiendo prebendas como
ONG. Con falacias transgreden además las normas civilizadas de concordia y
de bien común, y delinquen especulando con el respeto y la honra de los demás
como lo denunciaran recientemente los hijos del fallecido Don Ángel Severo Cabral,
a la vez que les exigían la inmediata devolución de todo lo concerniente a la
memoria de su padre.
En cuanto a mí, me
enorgullezco de haber tomado la antorcha de rescatar del secuestro, la
verdadera historia dominicana. Mi conducta ha sido un libro abierto entregado a
esta noble causa. Es una cruzada cuesta arriba, lo sé, pero la nobleza de la
causa vigoriza el espíritu. Cuando por gentil invitación comparezco en los
medios, lo hago ceñido a la verdad, el respeto, y los buenos modales, preceptos
éticos de la Fundación. Me complace hablar de nuestra independencia financiera
y la creación del sistema bancario dominicano, así como el tema de la
dominicanización fronteriza y la institucionalización del Estado. Me fascina
hablar de la educación, el crecimiento y desarrollo etc.; y como todos los
gobiernos tienen luces y sombras, no evado discutir las sombras concernientes
al régimen de mi abuelo. Se le acusa mucho por la falta de libertades durante
su gobierno, pero resulta irónico que los líderes que más enarbolaban esas
reclamaciones eran ideólogos comunistas, comprometidos con gobiernos
totalitarios de la época. Muchos de estos señores aún pululan por las calles de
nuestro país saboreando aun el polvo de la derrota.
COARTAR
LIBRE EXPRESION
En vista del éxito
de nuestra labor que desde ya cuenta con un extraordinario apoyo dentro y fuera
de la República Dominicana, estos grupos ahora buscan albergarse en esta ley
pretérita para intentar detener nuestro progreso. Persiguen coartar nuestro
derecho de libre expresión alegando que ésta libertad inalienable e universal
tiene sus límites en el respeto a la verdad y la dignidad”. Piden
“defender el derecho de los jóvenes y niños dominicanos a la
verdad”. Deliberadamente y por capricho propio de sus designios, ignoran
los elementos básicos de nuestra jurisprudencia que protegen el derecho a la
verdad conforme las disposiciones que sancionan la difamación y la injuria. Por
otro lado, interpelan al acatamiento de la verdad, pero se rehúsan a debatir
aun con el firme propósito de alcanzar la máxima legitimidad histórica. Peor
aún, se oponen a la difusión de verdades absolutamente irrebatibles y bien
documentadas. Esto resulta una gran contradicción que desdice fuertemente de
la integridad de sus propósitos. Como bien lo expresó el Profesor Juan
Bosch: “…un gobierno democrático no puede ser democrático para unos sectores y
dictatorial para otros…”
Hemos sido y
seremos siempre respetuosos de las leyes de la República Dominicana. A pesar de
haber sido perjudicado por un fallo anti-constitucional, producto de una
manipulación de los mismos intereses que hoy de nuevo pretenden imponer una ley
abrogada por nuestra Carta Magna, acatamos el dictamen y la prohibición al
trabajo de la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina en el territorio
nacional y también suspendimos la venta del libro de mi Sra. Madre, María de
los Angeles Trujillo Martínez de Domínguez, “Trujillo mi Padre,…en mis
memorias” y la producción video gráfica de la fundación, “Trujillo, 31 Años de
Historia Perdida” en todo el país. Toda la labor desempeñada en la República
Dominicana luego del fallo de la Corte de Primera Instancia, se ha hecho a
título personal y sin contar con el apoyo y la participación de la organización
que presido como Vicepresidente Ejecutivo. Aprovecho para invitarle a nuestra
página personal en la redes sociales de Twitter (@ramfisdt) y de Facebook
(http://www.facebook.com/ramfisdt) para que pueda constatar esta realidad.
No obstante,
mantenemos que la disposición 5880-62 del Consejo de Estado, quedó debidamente
anulada conforme el Artículo 6 de nuestra Carta Magna como fue ratificada en su
última versión en el 2010, que dispone lo siguiente: “son nulos de pleno
derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta
Constitución”. Esta afirmación se apoya también en el Artículo 49 de la
Constitución que protege el derecho a la libertad de expresión e información
proclamando que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus
pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda
establecerse censura previa”. El derecho universal de libre expresión es
también protegido por leyes internacionales y pactos convenidos entre los
países que respetan la facultad de estos atributos inherentes a la
autonomía de cada individuo. La República Dominicana es signatario a estos
trascendentales acuerdos como lo son la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No podemos permitir que continúen perpetuando su vulgar atropello a este
derecho fundamental.
ACTITUD
En vista de las
intenciones del precitado grupo, nos dirigimos a usted para afirmarle
nuestra disposición de colaborar con esta institución, con fines de dilucidar
los pormenores del caso que nos ocupa, así como también responder ante
cualquier instancia de su consideración. Ansiamos conocer la orientación de su
despacho al respecto, confiando plenamente en el discernimiento, ecuanimidad, y
capacidad de nuestra jurisprudencia ante este reto de defender cabalmente, los
derechos fundamentales e inviolables consagrados en nuestra Constitución. El
peso de esta determinación es extraordinario y marcará para presentes y futuras
generaciones, nuestra concordia a las libertades ecuménicas, y sustentarán el
escrutinio de la comunidad internacional. Apelamos a la cordura, imparcialidad
y el apego a nuestra Carta Magna ante un desafío histórico de imponente
proporciones para nuestra patria.
