Explicó que en el caso del pacto fiscal, las fuerzas políticas, económicas y sociales que lo concreten deben abordar la calidad y transparencia del gasto, dar mayor equidad a la estructura tributaria, reducir la evasión, aumentar el ahorro fiscal y elevar la presión tributaria para costear las políticas definidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Al dictar la conferencia acerca de "La Estrategia Nacional de Desarrollo y sus implicaciones en el ámbito Fiscal" en el Desayuno Empresarial del Comité Económico de la Cámara Americana de Comercio, en el hotel Meliá, Montás señaló que en materia de gasto, se debe “consolidar el fortalecimiento de la administración financiera del Estado, la planificación y la función pública, como medio para dotar el gasto público de mayor transparencia, eficiencia y calidad”.
Informó que ya el gobierno inició, en el marco de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), el establecimiento de la Cuenta Única del Tesoro, a la cual están integrados en la actualidad nueve ministerios y se espera para julio integrar otros seis ministerios para completar la inclusión de todos los ministerios el 31 de diciembre del presente año.
El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo agregó que ya fue iniciado el desarrollo del Sistema Nacional de Control Interno y la adopción de las Normas Básicas de Control Interno, así como una agenda de trabajo para establecer el Portal Transaccional del Sistema de Compras y Contrataciones y el fortalecimiento de los mecanismos de aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
“Para la transparencia y eficiencia del gasto público es fundamental no detener estos procesos, el pacto fiscal debería incorporar compromisos para su profundización y consolidación en los ámbitos del gobierno central, las instituciones autónomas y los municipios”, apuntó Montás, según reportó la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía.
Calidad del gasto
Dijo que en lo relativo a la elevación de la calidad del gasto, “el fortalecimiento del proceso de planificación estratégica de las instituciones del Estado y el desarrollo de una presupuestación basada en resultados, son fundamentales.
Montás informó que actualmente se están implementando contratos por desempeño en algunos programas pertenecientes a las áreas de salud y educación.
En materia de la función pública, “el pacto fiscal debería abordar lo relativo a la ley de salarios en la administración pública, incluyendo todos los poderes del Estado, los organismos autónomos y los municipios”, expresó el ministro.
Señaló que por igual debería abordarse “la racionalización de la macro-estructura del Estado, a fin de eliminar duplicaciones de funciones entre instituciones y modernizar áreas de la administración pública que han quedado rezagadas frente a los retos existentes en materia económica, social y ambiental”.
Manifestó que el pacto fiscal también debe abordar la modificación de las leyes que asignan ingresos a gastos específicos y que parcelan el presupuesto nacional, con el propósito de sincerar estas leyes porque en la práctica ha sido imposible cumplir con ellas.
“En materia de ingresos”, señaló Montás, “entendemos que es perentorio asegurar una mayor equidad fiscal mediante la limitación de la temporalidad de las exenciones impositivas y un estricto cumplimiento de los plazos establecidos para su disfrute”.
Apuntó que debe estar claro que “una provisión adecuada de bienes públicos, incluidos los servicios de infraestructura, enseñanza, salud, justicia, seguridad jurídica, seguridad ciudadana y defensa de la competencia, es un factor fundamental para un buen clima que favorezca el desarrollo de los negocios”.
Advirtió que eso solo se logra si el Estado dispone de los recursos necesarios, por lo que “todos debemos aportar en función de las capacidades de las empresas y de las personas”.
Código Tributario
Al abordar el aspecto del Código Tributario como parte del pacto fiscal a que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, Montás dijo que debe ser adecuado para incorporar, conforme a estándares internacionales más adecuados, “toda la normativa relativa a precios de transferencia y tratamiento a las transacciones internacionales” pues no se debe olvidar que el actual Código fue redactado al inicio del proceso de globalización y desde entonces “el crecimiento de las relaciones comerciales, financieras y de inversión ha sido espectacular”.
Favoreció que se creen las condiciones para un efectivo tratamiento tributario simplificado que facilite el proceso de formalización de las empresas, lo que ha de realizarse conjuntamente con programas que ayuden la expansión de las empresas informales, mediante el acceso a capacitación, compras gubernamentales y financiamiento.
Asimismo, Montás señaló que el pacto fiscal debe abordar lo relativo al régimen de incentivo al desarrollo productivo a fin de superar “la dualidad entre empresas de zonas francas y empresas fuera de zonas francas y cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales cuyo calendario inicia a partir del 2013. Pero esto no debería hacerse a expensas de deteriorar la capacidad fiscal del Estado”.
El ministro indicó que otro aspecto a incluirse en la discusión del pacto fiscal debe ser “la orientación parcial o total de los fondos mineros, cuya importancia será creciente en los años futuros, hacia el financiamiento de proyectos de inversión que eleven la capacidad productiva nacional conforme a lo planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo o a generar un fondo de reserva que permita hacer políticas contra-cíclicas”.
“A nuestro entender, el pacto fiscal quedaría incompleto si no se establece un compromiso de responsabilidad fiscal por parte de los gobiernos, que debería empezar por lo menos en el establecimiento de un acuerdo básico sobre el nivel de deuda pública meta para los próximos años y el cual los gobiernos y el Congreso se comprometen a alcanzar mediante el establecimiento por ley de una regla fiscal”, puntualizó Montás.
Sostuvo que los retos en materia fiscal que tiene República Dominicana en materia fiscal son el resultado de la readecuación del modelo que ha vivido el país en las últimas tres décadas.
“La incapacidad de reestructurar la industria azucarera, la fuerte presión del servicio de la deuda asociada a la crisis de la deuda de América Latina y un proceso relativamente lento de transición hacia la emergencia de nuevos motores de la economía con capacidad contributiva, condujeron a la Republica Dominicana a una situación fiscal insostenible que impactó en la reducción de la calidad de vida de la población y en el deterioro de su capital humano”, argumentó el ministro.
Recordó que en el año 1979 el gasto en educación ascendió a 2.34% del PIB y a partir de entonces comenzó su deterioro hasta situarse en 0.94% en 1991, mientras que el gasto social paso de 6.15% del PIB en 1979 a 3.78% en 1991.
Explicó que en ese entonces “la carga tributaria pasó de un promedio de 13.98% en el período 1970-79 a 10.21% en el periodo 1980-89, mientras que el servicio de la deuda pasó de 3.77% del PIB a 6.22%”.
Para Montás, la conmoción social que generó la década perdida y la crisis de 1990 se manifestó en la fuerte ola migratoria de la población dominicana hacia el exterior.
Al analizar la estructura tributaria del país, recordó que los tributos al comercio exterior pasaron de representar 34.8% de los ingresos totales del gobierno central en el año 2000, a solo 8.2% en el 2011.
Apuntó que desde el año 2000 hacia acá “la República Dominicana ha atravesado por nueve reformas o adecuaciones tributarias de alcance relativamente general, es decir que afectaron a más de un sector económico”, pero la presión tributaria solo pasó de 12.5% del PIB en el 2000 a 12.7% en el 2011, mientras que los ingresos totales del gobierno central pasaron de 13.2% del PIB en el 2000 a 13.1% en el 2011.
“Si nos planteamos continuar avanzando en materia de sostenibilidad de la deuda pública hasta lograr que el país se ubique en un nivel de deuda pública consolidada de 30% del PIB en el 2017, respecto al nivel de 37.4% del PIB existente en 2011, sería necesario que a partir del 2013 el sector público consolidado genere superávits primario superiores a 0.7% del PIB, asumiendo un contexto de crecimiento anual de la economía de 6% y tasas de inflación entre 4% y 5%”, planteó Montás.
Agregó que para generar este balance primario consolidado, se requeriría un esfuerzo fiscal del Gobierno Central que le permita generar un superávit primario en torno al 2.2% del PIB a partir del 2013.
