“Es un asunto muy delicado debido al agravio que ha causado en los sectores más conservadores de la sociedad”, explica por teléfono desde Riad Mohammad al Qahtany, director de la Asociación Saudí por los Derechos Civiles y Políticos.
En opinión de este activista, la rápida intervención del rey Abdalá ordenando la detención del Kashgari tuvo por objeto tanto calmar los ánimos como ganar legitimidad entre los reaccionarios. Pero con la extradición, “esos grupos se han crecido y están ampliando su campaña contra los elementos laicos de la sociedad y los intelectuales”.
Al Qahtany se refiere a los radicales que piden buscar al “verdadero culpable” de las ideas expresadas por el joven periodista. Su objetivo es un conocido novelista, Turki al Hamad, cuyas obras exploran la libertad religiosa y están prohibidas en Arabia Saudí, Bahréin y Kuwait. Además, en los medios sociales hay quienes proponen tomarse la justicia por su mano y han difundido un vídeo con la localización de la casa de Kashgari.
“El Gobierno saudí se encuentra en la cuerda floja. Por un lado quiere apaciguar a los conservadores, pero, por otro, la comunidad internacional le presiona para que perdone al joven o al menos le garantice un juicio justo”, señala. Ni él ni otros activistas creen que eso sea posible.
“Por supuesto que no; los clérigos ya le han condenado de antemano y la orden de detención del rey indica que va a recibir un castigo”, asegura Walid Sulais, del Centro Adala por los Derechos Humanos.
Arabia Saudí no posee un código penal propiamente dicho y se remite al Corán como su Constitución. De acuerdo con el libro sagrado de los musulmanes, la apostasía es uno de los seis delitos contra Dios, que se castigan con la pena capital. Los responsables de interpretar la ley islámica, o Sharía, son los mismos ulemas del Comité de Fetuas que el pasado miércoles declararon apóstata a Kashgari y pidieron que se le juzgara.
“No creo que al final le ejecuten. Comparecerá ante el juez y luego le enviarán a prisión”, declara, sin embargo, Sulais. “La comunidad internacional no va a permitir a Arabia Saudí algo así; tendrá que arrepentirse y los ulemas conmutarán la pena capital”, añade.
Pero incluso esa posibilidad resulta aterradora. Justo el mismo día en que se emitió la orden de captura contra Kashgari quedó en libertad otro acusado de apostasía, Hadi Said al Mutif. El que los activistas calificaban de “preso más antiguo del mundo por causas religiosas” pasó 18 años largos en una cárcel saudí por un chiste que hizo cuando tenía 16 años y que los ulemas consideraron ofensivo. El joven, perteneciente a la minoría chií ismaelí, fue inicialmente condenado a muerte.
“La sociedad saudí está muy dividida ideológicamente: mientras los conservadores opinan que Kashgari debe pagar por lo que hizo y se merece el castigo, los liberales consideran que se le debe perdonar y que es aún joven”, resume Al Qahtany, quien admite que el debate sobre la injusticia del sistema ni siquiera se plantea. “Al final el problema es más amplio, es la ausencia de un sistema de gobierno responsable en el que el poder judicial sea independiente y abierto al control del público”, concluye.
