25/Febrero/2012 Santo Domingo, República Dominicana._ Los jueces de Cuarto Tribunal
Colegiado del Distrito Nacional, Pilar Rufino, Daniel Nolasco y Daira
Medina, condenaron este viernes a 30, 20 y 15 años de cárcel a cinco de los
nueve acusados de integrar la red de sicariato del boricua José David Figueroa
Agosto, encontrados culpables de cometer varios crímenes.
Los magistrados tomaron la
decisión, de condenar a Winston Rodríguez Tavares 30; José Miguel
Rodríguez Almonte 30; a José Aníbal Hidalgo, 30, a Gean Enrique
Rojas Matos, 20 y Ricardo Pérez Mateo 15 años, tras ser encontrados
culpables de los cargos que les imputó el Ministerio Público.
En tanto que cuatro fueron
descargados: Wilhen Ortiz de los Santos (Bobolo), Diomedes Moya, José de
la Cruz Paredes y Joel Antonio Medina, por no existir elementos de prueba
vinculantes a los hechos.
Igualmente, los jueces fijaron la
fecha de la lectura integra de la sentencia para el 12 de marzo, quedando
citadas las partes involucradas al proceso.
Los jueces comenzaron la
audiencia pasadas las 10:00 de la mañana, luego salieron a deliberar a
las 12:05 de la tarde y subieron al estrado para dar inicio a la lectura del
dispositivo de la resolución de la sentencia, a las 8:20 de la noche.
Al inicio de la lectura, el
tribunal fue reforzado de agentes especiales de la Unidad de Traslado de Reos
de Altos Riesgos, tanto dentro como fuera.
Las puertas
fueron reforzadas a solicitud del tribunal para evitar cualquier
incidente que pudiera presentarse.
Previo a esto, la barra de la
defensa concluyó con la contrarréplica a la replica de la refutación
presentada por los abogados de sus clientes y luego de estos los
imputados hablaron declarándose inocentes de los cargos que les imputó el
Ministerio Público.
Durante el proceso, las partes
involucradas presentaron 276 pruebas tanto a cargo como a descargo, entre las
cuales 201 pruebas documentales y materiales y 75 pruebas testimoniales,
entre ella 25 policías.
El juicio de fondo inició el 31
agosto de 2011, por lo que su duración fue de siete meses.
El Ministerio Público estuvo
representado por la fiscal adjunta Cándida Ramos, Isidro Vásquez y Dennis
Silvestre, quienes solicitaron las condenas contra los imputados.
De acuerdo a la acusación,
Rodríguez Almonte, alias Job, fue uno de los que “ejecutaba” a las víctimas.
Además se encargaba de robar vehículos y placas para ejecutar los crímenes,
mientras que los coimputados Rojas Matos y Rodríguez Taveras eran
los que dirigían la red y pagaban entre 30 y 35 dólares por la operación.
Asimismo, los investigadores
identificaron a Pérez Mateo, Ortiz y Hidalgo como las personas que hacían las
labores de supervisión una vez que ejecutaban a las víctimas, para asegurarse
que el objetivo estaba “muerto”, en tanto que otras veces manejaban los
vehículos robados que se utilizaban en los asesinatos.
Las autoridades
identificaron a Moya Durán como la persona que se encargaba de
transportar a los condenados al lugar de los crímenes además de reparar
los vehículos que utilizaban en las operaciones.
También, conforme al
expediente, Félix Medina y de la Cruz Paredes fueron los que guardaron
parte de las armas AK-47 que se utilizaron los crímenes contra el
ex coronel José Amado González, Omar Lantigua Polanco, Ruben Soto Hayet,
Jorge Vásquez Santana y Máximo Jerónimo Paredes.
