21/Enero/2012 HIGUEY, Provincia La
Altagracia.- El candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario
Dominicano, Luis Abinader, afirmó que la Primera Dama, Margarita Cedeño de
Fernández, tiene la obligación ética de resolver el conflicto de
incompatibilidad sobre su permanencia al frente de una oficina pública que este
año manejará más recursos que tres ministerio del Gobierno.
Dijo que
si bien es cierto que no existe ninguna previsión legal específica sobre la
función de la Primera Dama, la Ley Electoral establece en su artículo 69 que
“todo funcionario o empleado público que sea postulado por una agrupación
política desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la junta
electoral correspondiente, quedará suspendido en sus funciones ipso-facto, con
disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones”.
El
economista y dirigente del PRD consideró que la resistencia de la Primera Dama
a someterse a ese mandato de la ley podría considerarse un desacato legal y una
grave falta desde el punto de vista ético.
El
compañero de boleta del ingeniero Hipólito Mejía indicó que los sectores que
han planteado la incompatibilidad entre la candidatura vicepresidencial y la
permanencia en el cargo público que desempeña la Primera Dama, no están
pidiendo la disolución de su matrimonio con el doctor Leonel Fernández, ya que
una cosa no tiene que ver con la otra. “nosotros particularmente esperamos que
el matrimonio de la pareja presidencial dure para siempre”, apuntó el
licenciado el licenciado Abinader.
Explicó
que el cargo de la Primera Dama no aparece en el organigrama oficial del Estado
Dominicano y hasta la administración del presidente Fernández nunca existió un
despacho con una asignación presupuestaria tan elevada como la que maneja la
señora Cedeño de Fernández.
Resaltó
que en el Presupuesto del 2012, el Despacho de la Primera Dama tiene una
asignación mayor que los ministerios de la Mujer, la Juventud y de la
Administración Pública. Dijo que la oficina de Doña Margarita manejó en el 2011
más de 660 millones pesos.
Y señaló
que el artículo 80 de la ley sobre Administración Pública prohíbe de manera
específica a las personas que administran presupuestos del Estado “Servir
intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia,
organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas,
distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos
fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la
institución”
Respalda
posición de los obispos
Por otra
parte, el candidato vicepresidencial del PRD afirmó que la advertencia de los
obispos del país sobre la crisis moral y la corrupción rampante expresa en gran
medida el sentimiento de indignación que embarga a la sociedad dominicana.
Manifestó
que el señalamiento consignado en la última Carta Pastoral de la Iglesia
Católica no debe ser entendido únicamente como una queja, sino también como un
llamado a cambiar el rumbo y revertir el proceso de deterioro que lleva el
país.
Sostuvo
que la crisis no es económica, porque durante los últimos años el gobierno ha
manejado más recursos que nunca. “Se trata de un problema eminentemente moral
agravado por el crecimiento desbordado de la corrupción con la complicidad o la
indiferencia de todas las instancias del Estado que deben actuar para
salvaguardar el patrimonio público”.
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