Las emanaciones de crudo aumentan en diferentes puntos del país, pero la falta de capital limita la exploración
Entre los cambronales y bayahondas de Higüerito, Azua, las emanaciones de petróleo parecen heridas de la tierra. Mientras la sociedad dominicana importa cerca de 50 millones de barriles al año, el líquido fósil hierve e impregna los montes sureños con su intenso olor. El fenómeno se repite a menos de diez kilómetros de distancia, en la zona rural de Maleno, y, de manera más silente, en las aguas de la Bahía de Ocoa, en las tierras de San Juan, en Barahona, en la cuenca del Cibao y bajo las corrientes del río Sanate, en Higüey.
“En los últimos cien años aquí se han perforado más de setenta pozos exploratorios. Algunos han producido petróleo y otros han mostrado indicios de la presencia de hidrocarburos”, resalta Víctor Santos Suriel, geólogo presidente de la empresa exploradora Geo-Research.
El especialista recuerda que en abril del 2009 un barco de la Armada Española, dirigido por científicos del Ministerio de Investigación e Innovación de España, encontró emanaciones de gas natural en aguas cercanas a San Pedro de Macorís, lo que indicaba que en ese punto marítimo también podría existir una gran concentración de “oro negro”.
Ante estas y otras evidencias, surge una pregunta inevitable: ¿por qué República Dominicana no comienza la explotación de su petróleo?
Santos Suriel, el director general de Minería, Octavio López, y el diputado Pelegrín Castillo, tienen algunas respuestas. El primero dice que las más importantes zonas de manaderos están cedidas bajo concesión a las empresas locales Murfin, Maleno y Once Once, las cuales no han hecho ningún tipo de exploración importante en los últimos siete años. Con rejuegos legales, asegura, mantienen los permisos pero no hacen nuevas inversiones.
Otras áreas de “alto potencial”, como terrenos rurales de las provincias del Este, no pueden ser exploradas porque no cuentan con los estudios geológicos básicos que sirven de atractivo a las multinacionales del sector. Santos Suriel cita a las multinacionales porque el trabajo de búsqueda y explotación petrolera conlleva altos costos operativos, altos riesgos de inversión, y un largo período de estudios y espera, tres variables que el capital local difícilmente puede sostener.
El levantamiento inicial de las emanaciones del río Sanate, por ejemplo, podría tener un valor de cuatro millones de dólares, mientras que la perforación adecuada se acercaría a los US$20 millones, teniendo en cuenta que el crudo se encuentra en uno de cada once pozos perforados, y que el hallazgo no garantiza la cantidad necesaria para la explotación comercial.
Las plataformas marinas correspondientes al territorio nacional no entrarían en los planes de exploración, pues el decreto 571-09 las declara como áreas protegidas.
Estructura estatal
El primer párrafo del artículo 17 de la Constitución “declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional”. Por mandato de la Ley General de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía tiene la responsabilidad de dar seguimiento a este interés. Para ello se coordina con la Dirección de Minería. Pero los organismos no cuentan con los recursos económicos y humanos que tan importante función amerita.
“Tenemos un presupuesto de cuarenta y siete millones de pesos para toda la institución. Eso apenas da para pagar la nómina”, dice el titular de Minería, Octavio López, al explicar una de las razones por las que las entidades públicas no han obtenido resultados favorables en la promoción de las exploraciones.
Asegura que las carencias de presupuesto de la institución limitan hasta la capacidad de transporte del personal técnico (Víctor Santos Suriel dice que Minería cuenta con un solo geólogo especializado en hidrocarburos, al que a veces ni siquiera le paga la dieta correspondiente a los viajes al interior).
Estas limitaciones del marco institucional de la exploración petrolera, estima López, no podrán ser superadas en el 2012, porque el presupuesto de Minería se quedará “prácticamente igual”. Mientras tanto, la base energética de la sociedad dominicana es un barril de crudo que ayer se cotizaba por encima de los 100 dólares.
“En los últimos cien años aquí se han perforado más de setenta pozos exploratorios. Algunos han producido petróleo y otros han mostrado indicios de la presencia de hidrocarburos”, resalta Víctor Santos Suriel, geólogo presidente de la empresa exploradora Geo-Research.
El especialista recuerda que en abril del 2009 un barco de la Armada Española, dirigido por científicos del Ministerio de Investigación e Innovación de España, encontró emanaciones de gas natural en aguas cercanas a San Pedro de Macorís, lo que indicaba que en ese punto marítimo también podría existir una gran concentración de “oro negro”.
Ante estas y otras evidencias, surge una pregunta inevitable: ¿por qué República Dominicana no comienza la explotación de su petróleo?
Santos Suriel, el director general de Minería, Octavio López, y el diputado Pelegrín Castillo, tienen algunas respuestas. El primero dice que las más importantes zonas de manaderos están cedidas bajo concesión a las empresas locales Murfin, Maleno y Once Once, las cuales no han hecho ningún tipo de exploración importante en los últimos siete años. Con rejuegos legales, asegura, mantienen los permisos pero no hacen nuevas inversiones.
Otras áreas de “alto potencial”, como terrenos rurales de las provincias del Este, no pueden ser exploradas porque no cuentan con los estudios geológicos básicos que sirven de atractivo a las multinacionales del sector. Santos Suriel cita a las multinacionales porque el trabajo de búsqueda y explotación petrolera conlleva altos costos operativos, altos riesgos de inversión, y un largo período de estudios y espera, tres variables que el capital local difícilmente puede sostener.
El levantamiento inicial de las emanaciones del río Sanate, por ejemplo, podría tener un valor de cuatro millones de dólares, mientras que la perforación adecuada se acercaría a los US$20 millones, teniendo en cuenta que el crudo se encuentra en uno de cada once pozos perforados, y que el hallazgo no garantiza la cantidad necesaria para la explotación comercial.
Las plataformas marinas correspondientes al territorio nacional no entrarían en los planes de exploración, pues el decreto 571-09 las declara como áreas protegidas.
Estructura estatal
El primer párrafo del artículo 17 de la Constitución “declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional”. Por mandato de la Ley General de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía tiene la responsabilidad de dar seguimiento a este interés. Para ello se coordina con la Dirección de Minería. Pero los organismos no cuentan con los recursos económicos y humanos que tan importante función amerita.
“Tenemos un presupuesto de cuarenta y siete millones de pesos para toda la institución. Eso apenas da para pagar la nómina”, dice el titular de Minería, Octavio López, al explicar una de las razones por las que las entidades públicas no han obtenido resultados favorables en la promoción de las exploraciones.
Asegura que las carencias de presupuesto de la institución limitan hasta la capacidad de transporte del personal técnico (Víctor Santos Suriel dice que Minería cuenta con un solo geólogo especializado en hidrocarburos, al que a veces ni siquiera le paga la dieta correspondiente a los viajes al interior).
Estas limitaciones del marco institucional de la exploración petrolera, estima López, no podrán ser superadas en el 2012, porque el presupuesto de Minería se quedará “prácticamente igual”. Mientras tanto, la base energética de la sociedad dominicana es un barril de crudo que ayer se cotizaba por encima de los 100 dólares.
Proyecto de ley de exploración
Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, promueve sin descanso la aprobación de una nueva Ley de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que permita armonizar los intereses del Estado, de empresarios locales y posibles inversionistas extranjeros. La vigente (Ley 4532) data de 1956, cuando las características de negocio petrolero eran “muy distintas”.
“Tiene que haber un buen marco legal, fiscal e institucional. Esa ley ha sido evaluada por especialistas que la consideran apropiada. Estamos haciendo un último intento, y esperamos que en el Senado tenga mejor suerte”, dice el legislador que ha visto pasar su proyecto por la Cámara de Diputados en cinco ocasiones.
Entiende que el proyecto permitiría que el grupo Vicini y los otros empresarios con áreas de explotación bajo concesión hagan alianzas estratégicas con multinacionales y el sector público
“Tiene que haber un buen marco legal, fiscal e institucional. Esa ley ha sido evaluada por especialistas que la consideran apropiada. Estamos haciendo un último intento, y esperamos que en el Senado tenga mejor suerte”, dice el legislador que ha visto pasar su proyecto por la Cámara de Diputados en cinco ocasiones.
Entiende que el proyecto permitiría que el grupo Vicini y los otros empresarios con áreas de explotación bajo concesión hagan alianzas estratégicas con multinacionales y el sector público
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