El informe “Cállate si no quieres que te matemos”: Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en República Dominicana documenta decenas de casos de homicidio, tortura y malos tratos a manos de la policía, recopilados durante tres visitas de investigación al país, y pone de manifiesto la falta de investigaciones efectivas.
“Las autoridades deben garantizar que los responsables de los homicidios y los actos de tortura comparecen ante la justicia y que se toman medidas para cambiar las políticas y las prácticas que permiten que se cometan tales abusos”, manifestó Javier Zúñiga, jefe de la delegación de Amnistía Internacional en República Dominicana.
“La postura oficial sigue siendo que las violaciones de derechos humanos son obra de unos pocos agentes corruptos o poco profesionales que enseguida son llamados al orden y obligados a rendir cuentas, pero la realidad es bien diferente”.
Según datos de la Procuraduría General de la República, entre enero y julio de 2011 la policía acabó con la vida de 154 personas en República Dominicana, frente a 125 en el mismo periodo de 2010.
Las estadísticas de la Procuraduría General muestran que el 10 por ciento de todos los homicidios registrados en 2010 fueron cometidos por la policía. También han muerto varios agentes.
La policía ha descrito la gran mayoría de las muertes por disparos como “intercambio de disparos” con los presuntos delincuentes. Sin embargo, en muchos casos, los exámenes forenses coinciden con las denuncias de que los agentes de policía dispararon deliberadamente a matar.
El informe de Amnistía Internacional advierte de que la policía podría estar recurriendo al homicidio de jóvenes como elemento disuasorio.
“Los homicidios policiales no deben convertirse en la vía para resolver el problema de la reincidencia de los delincuentes ni para disuadir a los jóvenes de cometer delitos”, dijo Javier Zúñiga.
Amnistía Internacional también ha descubierto que se ha amenazado de muerte, golpeado y negado alimentos, agua y medicamentos básicos a presuntos delincuentes mientras estaban bajo custodia. A algunos les han puesto bolsas de plástico en la cabeza y los han colgado por las esposas a barras o clavos.
Se teme que al menos dos personas vistas por última vez bajo custodia policial hayan sido víctimas de desaparición forzada.
Sólo un reducido número de casos llegan a los tribunales o son siquiera investigados.
Hay varios factores que impiden que los autores de los abusos sean llevados ante la justicia, como la falta de independencia y recursos y que no se recaben y conserven adecuadamente las pruebas forenses.
“En República Dominicana, el sistema de investigación de abusos policiales es desorganizado y carece de los procedimientos adecuados para tramitar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Que un agente de policía comparezca ante la justicia depende en gran medida de si la víctima o su familia presenta una denuncia oficial, del grado de publicidad que atraiga el caso y de la presión política que se ejerza sobre los fiscales”, afirmó Javier Zúñiga.
“Reconocemos que los agentes de policía suelen enfrentarse a graves peligros en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, creemos que de hecho su conducta fomenta la violencia y crea un clima en el que se ignoran por completo los derechos humanos.”
Tal como dijo un joven a Amnistía Internacional en octubre: “Si tú atracas a una gente, la gente va a poner una querella, y si le presentan las caras y te reconocen, te salen a buscar, no te dejan hablar, y te caen a balazos […] Yo estaba allí cuando a un amiguito mío lo agarró la policía. Él era atracador. La policía le andaba buscando. […] Se fueron a su casa, él se escondió en otro lugar. […] Entonces le dicen ‘sal que no te vamos a matar, que sólo te queremos investigar’, y cuando él salió... le dieron tiros en la cabeza, dos tiros.”
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