Dominicanos muestran huellas de atropellos en PR

Por Oscar Quezada

San Juan
Puerto Rico.

Joel de Jesús tiene aún las marcas de la paliza que recibió de una patrulla policial. Sus heridas cicatrizaron, pero no los atropellos contra dominicanos radicados en la “Isla del Encanto”.

El día en que estuvo a punto de morir, Joel regresaba de una fiesta en el barrio Villas Palmeras, en Santurce, donde reside con su madre. Lo golpearon fuerte en la cara; le lastimaron el hígado y el vaso sanguíneo. Esos policías del cuartel policial de Barrio Obrero provocaron que en las noches este joven tenga pesadillas e inconvenientes para conciliar el sueño. “Ellos me detuvieron. Pregunté el por qué. Me dijeron, ‘cállate’. Después, me lanzaron al suelo y me golpearon sin compasión. Solo escuché que decían, ‘este maldito dominicano’. Desperté en el hospital”, narra Joel, de 26 años.


Marcia de Jesús, madre de este dominicano residente en Puerto Rico, explica que de los golpes que recibió su hijo, ninguna autoridad le ha ofrecido explicación, a pesar de que existen testigos que aseguran que Joel no hizo nada para merecer ese trato brutal.

Joel tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. En Villas Palmeras las inspecciones policiales son constantes. Allí vive una cantidad importante de dominicanos. Pero las quejas de maltratos van desde Barrio Obrero hasta Bayamón y desde Puerto Nuevo a Río Piedras, zonas de San Juan que concentran el mayor número de migrantes dominicanos.

José Acosta Aquino, residente en Puerto Nuevo, cuenta que hace unos meses una patrulla policial irrumpió violentamente una mesa de dominó que jugaban varios compatriotas. Dice que a él lo sacaron del lugar donde compartía con sus amigos; lo montaron en un vehículo y lo pasearon por diferentes sectores de San Juan, sin explicarle en ningún momento el motivo de su detención. “Me dijeron, usted está borracho. Yo tengo dos años que no tomo. Además, en ese momento no estaba conduciendo.

Estaba jugando dominó. Me pasearon por toda la ciudad, durante varias horas. Me llevaron a un sitio que no era un cuartel. Me amenazaron, diciéndome que debía cooperar con ellos o que, de no hacerlo, me iba a embromar”, cuenta Acosta Aquino, dueño de una gomera situada en la avenida De Diego.

A este señor tampoco nadie le dio explicaciones de su detención ni del mal rato que le hicieron pasar.

El consulado dominicano en San Juan recibe por día un promedio de cinco denuncias de maltratos de este tipo. “Lo que pasa con la Policía en Puerto Rico, es que cuando paran a un dominicano en la calle le preguntan, ‘¿eres puertorriqueño o dominicano?’ o ¿por dónde tu entraste?’. A veces, si las personas reclaman, le dan una golpiza. Hemos tenido asesinatos a manos de la Policía”, cuestiona José Rodríguez, portavoz del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico.

Se estima que unos 300 mil dominicanos viven en Puerto Rico.

Entre las muertes que se le atribuyen a la Policía puertorriqueña figura la del dominicano Franklin Cáceres Osorio, quien a finales del 2009 fue víctima de una golpiza en un edificio ubicado en Barrio Obrero. La familia de este dominicano alega que fue lanzado de un segundo piso, esposado y con rastros evidentes de maltratos físicos.

El Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, entidad que en gran parte movilizó la elaboración de este informe, asegura que la discriminación y exclusión de los dominicanos en Puerto Rico, ha llegado al extremo de que algunos centros educativos se niegan a inscribir o reconocer a los estudiantes meritorios de padres inmigrantes.

Dicen que igual situación padecen los dominicanos en algunos centros de salud e incluso en la misma justicia.

Situación en las calles

Las puntualizaciones del informe del Departamento de Justicia tienen que ver con las frecuentes denuncias que hacen dominicanos de alegados abusos policiales, no solo de la Policía estatal, sino de la Policía Municipal, a quienes acusan de asediarlos “constantemente”, pidiéndoles documentos que avalen su permanencia legal en Puerto Rico (tarjeta de residencia), siendo esto una función exclusiva del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE). Los criollos consultados aseguran que si se niegan a cumplir con esa petición, alegando que esto no es atribución de la Policía Municipal sino del ICE, entonces son arrestados y posteriormente acusados de obstrucción de justicia, alteración del orden público y los multan con 500 e incluso 1000 dólares.

Opiniones

José Rodríguez
Derechos Humanos
“El problema es que no tenemos quién nos represente, porque tenemos un cónsul que se ha dedicado a estar en contubernio con el gobierno puertorriqueño. Yo le pido públicamente al Presidente (Leonel Fernández) que destituya inmediatamente a esta persona y que nombre un cónsul que tenga dignidad y que se sienta ser dominicano”.

Máximo Taveras
Cónsul en San Juan
“La mayoría de los dominicanos apoyan nuestro trabajo. Ellos dicen que en la gran cantidad de casos, el ciudadano dominicano a veces tiene la culpa. Lamentablemente, hay compatriotas que en vez de unirse a esta lucha, lo que viven es diciendo que nosotros les hacemos relaciones públicas a las autoridades de Puerto Rico. Ellos lo que quieren es que el cónsul vaya a piquetear y a vociferar”.

José Mercedes
Club Cultural Dominicano
“Con este informe, realmente ya se ha abierto una puerta y confiamos que la mano del gobierno federal le ponga fin o, por lo menos, minimice el maltrato a los dominicanos. Vamos a estar vigilantes y en el momento en que eso siga ocurriendo, pues estaremos de frente reclamando nuevamente soluciones. Nosotros seguimos apoyando al Comité Dominicano de los Derechos Humanos”.

Cónsul minimiza denuncias

El cónsul en San Juan, Máximo Taveras, asegura que estas manifestaciones de discrimen no constituyen nada nuevo en las relaciones entre criollos y boricuas. El informe que sobre la Policía de Puerto Rico redactó la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice: “Nos preocupa seriamente que la PPR (Policía de Puerto Rico) carezca de sistemas básicos de asignación de responsabilidades que aseguren que todas las personas sean tratadas por igual por los agentes de la PPR, independientemente de raza, origen étnico, nacionalidad o sexo”, expone el estudio, copia del cual obtuvo El Caribe.