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| David Ramírez |
Recientemente la Cámara de Diputado aprobó el proyecto de ley “Pasantía juvenil” elaborado por la diputada del PLD Karen Ricardo, un proyecto que tiende a crear una especie de pasantía laboral en las empresas privadas para que los jóvenes comiencen a tener experiencia en las carreras que estudian. Este proyecto ha contado desde el principio con el rechazo de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y también del Ministerio de Trabajo porque, según ellos, tal como está elaborado discrimina al trabajador, desconoce el derecho a recibir los beneficios del Sistema de Seguridad Social y viola convenios internacionales sobre negociación colectiva y derecho a la sindicalización. Es bueno destacar que la población dominicana cuenta con un bono demográfico muy joven. De acuerdo con el Noveno Censo Nacional de Población y Vivienda realizado a finales del 2010, en nuestro país habitan 9.3 millones de personas, de las cuales 4.6 millones son mujeres y 4.7 millones hombres, de ese grupo más del 18% se encuentran en el rango de edad de 15 a 24 años. El censo también arrojó que del total de habitante en nuestro país, más del 55% formaba parte de la Población en Edad de Trabajar (PET). Estas cifras, pudiera representar una gran oportunidad, en término económico, para que cualquier nación pudiera incrementar la productividad y general riqueza económica en sus habitantes. Pero sin factores importantes, como son la implementación de políticas sociales y la promoción nuevos empleos, difícilmente se pueda lograr. No somos personas negativas, pero hay que ser realistas. En un país, como la República Dominicana, donde la tasa de desempleo ronda un 16.6% (donde cada mes hay 8 mil desempleados adicionales) y donde el desempleo juvenil alcanza el 29 por ciento, aprobar un proyecto de ley para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral sin que el Estado realice las inversiones sociales y económicas necesarias, sencillamente es una quimera. En un país donde el Estado se niegue a invertir el 4% en la educación (convirtiéndose en una de las naciones que menos invierte en el mundo) y donde la deserción escolar en los liceos y centros de educación media es del 50%, es prácticamente imposible que un proyecto como el de la diputada Karen Ricardo, pueda disminuir la situación de pobreza que están sumidos los jóvenes dominicanos. El proyecto “Pasantía juvenil” podría elevar la rotación de los RRHH en el país. Lo que plantea la diputada Karen Ricardo en su proyecto de ley no es nuevo. Los programas de pasantía estudiantil han existido durante décadas en decenas de empresas líderes en el mercado dominicano en coordinación con universidades. Estos programas se vienen realizando respetando las leyes laborales vigentes, donde el estudiante realiza una pasantía laboral de tres meses y al final, si la empresa considera que esa persona tiene talento, puede decidir contratarlo o prescindir de sus servicios. Todo ha funcionado muy bien hasta ahora ¿Por qué hacer una ley que entra en contradicción con muchos artículos del código laboral? Consideramos que e l proyecto de la diputada Karen Ricardo, tal como fue elaborado, representaría un grave peligro para los trabajadores activos. Su implementación podría elevar los índices de rotación en las empresas que estén sumidas en una difícil situación financiera, lo cual sería un problema muy serio para el sector laboral. Esto lo decimos, porque siendo la República Dominicana un país con enorme diferencia retributiva laboral, quizás la peor de América Latina (aparte de su bajo nivel de sindicalización y lo pícaro de una gran parte del sector empresarial), este proyecto sería una tentación irresistible para muchos empresarios disminuir costos laborales, sin importarle el daño que la rotación laboral pueda crearle a su empresa y sus empleados. Todos sabemos que en muchas empresas privadas a la hora de valorar un puesto trabajo, durante el proceso de reclutamiento, muchas veces no toman en cuenta el nivel profesional del candidato, sino la discriminatoria “edad laboral” y el factor costo salarial. Por eso, una ley donde el empresario pueda contratar a una persona por espacio de un año, donde reciba un 25% de descuento en el pago de impuestos por cada estudiante contratado, aparte de negarle los beneficios de la cesantía, preaviso y la seguridad social, provocaría el despido de miles de personas que estarían ocupando en estos momentos puestos de trabajo por años. En vez de disminuir la tasa de desempleo, se incrementaría, porque las empresas no piensan en función social ni filantrópica, sino en función de costos y rentabilidad. El proyecto de la diputada Karen Ricardo tiene buenas intenciones, pero lo fundamental defender los empleos y los salarios existentes, después elaborar proyectos de incentivos sociales y económicos para crear fuente de trabajo y evitar el cierre de empresas ya instaladas. Una vez logrado estos objetivos, proyectos como el de la diputada Ricardo pudiesen servir para generar nueva fuente de trabajo para los jóvenes, mayor participación laboral para la mujer y los discapacitados. De lo contrario, estaríamos rumbo al caos laboral.
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