PC detecta irregularidades contratos SOMO y JCE

El Movimiento Participación Ciudadana (PC) informó que tras un análisis detallado de la auditoria realizada al contrato entre la Junta Central Electoral y el Consorcio SOMO, para el Proyecto de Automatización del Registro del Estado Civil, Registro Electoral y Proceso Electoral de la JCE, detectó una serie de irregularidades.La auditoria fue realizada por RSM Bogarin, Erhard, Padilla, Alvarez & Martínez, Soriano & Asociados y Pellerano y Herrera.Mediante un comunicado, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana explica que el indicado informe hace referencia a una serie de irregularidades en los procesos de contratación, ejecución y pagos, y deja enormes dudas sobre la transparencia con que fue llevado a cabo.La falta de transparencia incluye también, el hecho de que el organismo comicial fue condenado por un tribunal arbitral a pagar una suma superior a la que efectivamente debía, sin haber hecho la debida diligencia por defenderse.Igualmente, destaca el hecho de que se convocara a una licitación para ejecutar el proyecto sin que se determinaran previamente las necesidades reales que justificaran la implementación del mismo, ni que constara por escrito el soporte técnico que sirviera a los Términos de Referencia para solicitar propuestas de posibles proveedores de productos y servicios, lo cual se considera un componente vital en la administración de proyectos exitosos.

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Participación Ciudadana considera además, que debe llamar la atención que, según la auditoria, en el proceso de contratación se produjeron cambios en los costos ofertados sin evidencia de autorización previa o posterior de la JCE, encontrándose diferencias por US$4,015,000 entre los importes de la oferta inicial y aquellos incorporados en el contrato.El Consejo de PC entiende que hay otros aspectos que no deberían pasar desapercibidos ante la opinión pública y las autoridades, como que SOMO se comprometió a gestionar un financiamiento internacional para la ejecución del proyecto, pero al final fue la JCE la que se vio obligada a obtener un préstamo puente en el Banco de Reservas por US$35,000,000.00, que a la postre se convirtió en el financiamiento definitivo. En este sentido, Participación Ciudadana hace un llamado a los organismos públicos vinculados a las áreas de prevención, investigación y persecución de la corrupción, así como al Senado de la República en su calidad de ente responsable de la designación de los miembros de la Junta Central Electoral, a que estudien minuciosamente los resultados de dicha auditoria.